La Fiscalía Anticorrupción ha insistido en reclamar el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y otros ocho condenados en sentencia firme por el caso ERE, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo.
En respuesta a la Audiencia de Sevilla, a la que corresponde ejecutar la sentencia, Anticorrupción ha remitido un escrito en el que reitera «en todos sus extremos» el informe que emitió el pasado 2 de noviembre oponiéndose a la suspensión de la pena de prisión impuesta a Griñán y otros ocho exaltos cargos de la Junta condenados a penas de cárcel por los ERE. La Fiscalía insiste en que al ser firme la sentencia, por la que Griñán fue condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación, esta debe ser cumplida.
Lo hace después de que el pasado 7 de noviembre la Audiencia de Sevilla diera tres días de plazo a Anticorrupción y al PP, que ejerce la acusación particular en esta causa, para pronunciarse sobre el ingreso en prisión de Griñán y los otros ocho exaltos cargos de la Junta tras haberse opuesto a la suspensión de la ejecución de su condena como pedían sus defensas.
En ese requerimiento, la Audiencia de Sevilla daba cuenta a las acusaciones de la presentación de incidentes de nulidad ante el Tribunal Supremo por parte de Griñán y los otros ocho exaltos cargos, entre los que figuran varios exconsejeros de los gobiernos socialistas de la Junta, como Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera o Antonio Fernández. También hacía referencia a la petición del exdirector del ente público IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano de que se esperara a la resolución del recurso de amparo planteado ante el Tribunal Constitucional, a efectos de la ejecución de la pena.
Ante estas alegaciones, los Fiscales Delegados en Sevilla de Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga Cabello y Manuel Fernández Guerra, señalan en este nuevo escrito que la Fiscalía «ya tuvo en cuenta para valorar la procedencia de la suspensión de la pena privativa de libertad» la presentación de incidentes de nulidad, «al ser anunciado por sus representaciones procesales en sus respectivos escritos» pidiendo la suspensión de la condena. Del mismo modo, también considera «irrelevante» la presentación del incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, para pedir que se ejecute también la pena de inhabilitación especial a la que fue condenado Antonio Vicente Lozano Peña y a cuyo cumplimiento ya fue requerido por Auto, firme, de fecha 11 de octubre de 2022.
Según la sentencia del caso ERE, por la que otro expresidente de la Junta, Manuel Chaves, fue condenado a 9 años de inhabilitación, responsables del Gobierno andaluz aplicaron entre 2000 y 2009 un sistema de concesión de ayudas sociolaborales a sabiendas del «descontrol» y de las «gravísimas ilegalidades» que se cometían, a pesar de lo cual no hicieron nada para impedirlo.
Tras hacerse firme la sentencia, además del incidente de nulidad y los recursos de amparo ante el TC, la mujer y los hijos de Griñán solicitaron un indulto parcial ante el Gobierno, una medida de gracia que también pidieron otros ex altos cargos condenados. Para pedir la suspensión de la condena, el abogado de Griñán, José María Calero, invoca que el expresidente de la Junta tiene 76 años, no tiene antecedentes y han pasado entre trece y veintidós años desde que estuvo funcionando el sistema de los ERE, además de subrayar que es «la única condena en toda su vida».
