El Supremo desestima una denuncia contra el Gobierno de varias organizaciones climáticas

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El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por varias organizaciones ecologistas contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) del estado español. Entre los recurrentes se encuentran Greenpeace, Ecologistas en Acción-CODA, Oxfam Intermón y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, quienes argumentaron hace tres años que los objetivos del plan carecían de suficiente ambición en la lucha contra el cambio climático.

Uno de los principales puntos de desacuerdo fue la falta de reducción de emisiones para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados. Los demandantes solicitaron que la reducción de emisiones en el período 2030 no fuera inferior al 55% en comparación con los niveles de 1990. Además, como alternativa, plantearon la nulidad del plan por establecer un nivel de reducción del 23%. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desestimado ambas peticiones, argumentando que el plan cumple con la legalidad y está alineado con los compromisos asumidos por la Unión Europea en materia de cambio climático.

El alto tribunal rechaza la acusación de incumplimiento de las obligaciones del Convenio de París por parte del gobierno español, ya que considera que el país ha optado por adherirse al compromiso mundial liderado por la Unión Europea, que se encuentra a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, según establece la sentencia.

En este sentido, la resolución del Supremo destaca que la decisión del gobierno español, en su legítimo ejercicio de dirección de la política nacional e internacional, no puede considerarse arbitraria, sino más bien razonada y justificada.

El tribunal advierte que modificar los límites de emisiones en el porcentaje solicitado por los demandantes requeriría una renegociación de la política diseñada en consonancia con la Unión Europea, lo que afectaría incluso a las competencias internacionales del gobierno.

Ante la noticia, Greenpeace ha expresado su descontento a través de un comunicado en el que lamenta que “la justicia española haya optado por ignorar las conclusiones científicas sobre la emergencia climática, a diferencia del criterio seguido por la mayoría de los tribunales superiores en otros países europeos en casos similares”.

La organización denuncia que el fallo del Supremo deja a la ciudadanía desprotegida al ignorar la ciencia y los acuerdos internacionales en la lucha contra el cambio climático. Las entidades demandantes, por su parte, están considerando presentar un recurso ante la justicia europea en un intento por revertir la decisión del Tribunal Supremo español.

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