El juez instructor del ‘Procés‘, Pablo Llarena, ha anunciado que no tomará una resolución inmediata respecto a las euroórdenes para la entrega del ex presidente catalán Carles Puigdemont y su ex consejero Toni Comín desde Bélgica hacia España. Esto se dará hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie acerca de las eventuales medidas cautelares que ambos podrían presentar para recuperar provisionalmente su inmunidad parlamentaria.
La petición de reactivar las euroórdenes fue presentada por la Fiscalía después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) levantara, el pasado 5 de julio, la inmunidad cautelar que ambos eurodiputados tenían. Sin embargo, el juez Llarena ha recordado que aún es posible presentar un recurso de casación ante el TJUE hasta el 15 de septiembre de este mismo año, contra el fallo que desestimó los recursos de los procesados respecto al suplicatorio emitido por el Parlamento Europeo a solicitud del magistrado.
El juez ha explicado que emitir una euroorden en el estado actual del procedimiento resultaría en su inmediata paralización, si el TJUE llega a admitir la eventual medida cautelar solicitada durante el recurso. Esto llevaría a interrumpir su tramitación internacional y volvería intrascendente la orden de detención en este momento.
Por otra parte, Llarena ha planteado dos posibles escenarios. En caso de que no se recurra la decisión del TGUE o, en el caso de un recurso, si el TJUE rechaza la medida cautelar solicitada, se podría tomar una decisión antes de tres meses, plazo máximo para resolver cualquier reclamación de entrega. En consecuencia, el juez considera que no habría dificultades para que los procesados sean puestos a disposición de la Justicia española antes de la disolución del Parlamento para el cual fueron elegidos y se les concedió la inmunidad cuya suspensión se solicitó desde un inicio.
Llarena ha enfatizado en el principio de cooperación leal entre los organismos públicos de la Unión y sus Estados Parte, y ha expresado que si la suspensión de la inmunidad fue concedida y es jurídicamente válida, la iniciativa jurisdiccional debería poder cumplir con su finalidad. El juez considera una anomalía que la constitución de un nuevo Parlamento en junio de 2024 obligue al Tribunal Supremo a reiniciar el proceso.
En conclusión, el juez Llarena ha dejado pendiente la resolución sobre las euroórdenes contra Puigdemont y Comín hasta que el TJUE se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas en relación con la inmunidad parlamentaria de ambos ex funcionarios catalanes. La espera del pronunciamiento del tribunal europeo es clave para el desenlace de este proceso judicial que ha acaparado la atención tanto en España como en el ámbito internacional.
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