El forense desaconseja que Griñán entre en prisión: “El cáncer es incurable”

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El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de prisión por el caso de los ERE, podría evitar su ingreso en la cárcel debido a su delicado estado de salud. Así lo ha manifestado el médico forense que le ha examinado hoy viernes 16 de junio de 2023, tras la petición de la defensa de Griñán de suspender la ejecución de la pena por razones humanitarias.

Según el informe del forense, Griñán padece varias enfermedades crónicas e incurables que afectan a su corazón, sus pulmones y sus riñones. Estas patologías le provocan una limitación funcional severa y un alto riesgo de complicaciones graves e incluso mortales. El forense ha señalado que el ingreso en prisión supondría un empeoramiento de su situación clínica y un deterioro irreversible de su calidad de vida.

El informe del forense no es vinculante para el tribunal que dictó la sentencia contra Griñán, pero sí tendrá que ser valorado por los magistrados a la hora de decidir si conceden o no la suspensión de la pena. La defensa de Griñán ha solicitado que se le aplique el artículo 80.4 del Código Penal, que permite suspender la ejecución de las penas privativas de libertad cuando el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a esta petición y ha defendido que Griñán debe cumplir su condena en prisión. El ministerio público ha argumentado que las dolencias que sufre el ex presidente andaluz son comunes en personas de su edad y que no le impiden realizar actividades cotidianas. Además, ha asegurado que los centros penitenciarios cuentan con los medios necesarios para garantizar la asistencia sanitaria adecuada a los internos.

La decisión final sobre el futuro de Griñán corresponde ahora al tribunal que le juzgó junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE. Este caso se refiere al sistema fraudulento de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que se desarrolló entre los años 2000 y 2011 bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El tribunal consideró a Griñán responsable de un delito continuado de malversación y otro de prevaricación por permitir y consentir el desvío de más de 680 millones de euros destinados a los parados andaluces.

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