Un grupo de 21 fiscales del Supremo ha pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que adopte medidas legales contra la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, por sus ataques a jueces, agentes y periodistas.
En un escrito al que ha tenido acceso la Agencia EFE, los firmantes, todos ellos fiscales de Sala y fiscales de la sección penal del Supremo, consideran que las acusaciones de Nogueras “representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática”.
Al respecto, recuerdan al fiscal general que la Constitución establece expresamente que “el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales”.
En base a ello, solicitan a García Ortiz que “se proceda sin más dilación al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales anteriormente expuestos”, y a que “adopte como primer defensor y garante del orden constitucional las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales”.
El origen de la polémica está en las palabras de Nogueras, durante el debate para la creación de una comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña, la presunta trama parapolicial urdida durante el Gobierno del PP para atacar al independentismo.
Nogueras efectuó una serie de acusaciones contra jueces del Supremo, entre ellos Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela, a quienes tildó de “indecentes” y dijo que estas personas deberían ser “cesadas y juzgadas”, además de arremeter contra periodistas y guardias civiles.
Los firmantes del escrito consideran que las acusaciones de Nogueras son “infundadas y graves”, y que “vulneran gravemente los derechos fundamentales de los jueces y agentes mencionados”.
“Sus declaraciones son una clara intromisión en la independencia de los jueces y un ataque a la libertad de expresión”, añaden.
