El juez Pedraz levanta el bloqueo de Telegram: “La medida era excesiva y no proporcional”

El magistrado reconoce que la suspensión de la plataforma afectaría a millones de usuarios legítimos y no solo a quienes difunden contenido protegido por derechos de autor.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado sin efecto el bloqueo de Telegram al considerar que la medida era “excesiva y no proporcional”. La decisión se produce tras la polémica generada por la orden de suspensión, que fue dictada el pasado viernes a raíz de una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+ por la difusión de contenido protegido por derechos de autor.

Pedraz reconoce ahora que el bloqueo afectaría a millones de usuarios que utilizan Telegram de forma legítima para diversos fines, como la comunicación personal, el trabajo o la organización de actividades. Además, advierte que la medida podría no ser efectiva, ya que los usuarios podrían utilizar VPN o proxies para acceder a la plataforma.

El juez también destaca que la falta de colaboración de Telegram con las autoridades no justifica el bloqueo de la plataforma, ya que existen otras medidas menos drásticas para obtener la información necesaria. En este sentido, Pedraz señala que la solución pasa por la creación de un marco legal europeo que obligue a las plataformas digitales a tener un punto de contacto en Europa y a colaborar con las autoridades.

El futuro de la regulación de las plataformas digitales

El juez Pedraz concluye su auto señalando que la decisión de levantar el bloqueo de Telegram no significa que la plataforma esté exenta de responsabilidades. El magistrado considera que es necesario un marco legal europeo que regule la actividad de las plataformas digitales y proteja los derechos de los usuarios.

En este sentido, Pedraz menciona la futura Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que pretenden crear un espacio digital más seguro y proteger los derechos fundamentales de los usuarios.

Estas leyes, que se encuentran en fase de tramitación, obligarán a las plataformas digitales a tener un punto de contacto en Europa, a denunciar delitos penales, a tener términos y condiciones fáciles de usar y a ser transparentes en lo que respecta a la publicidad, los sistemas de recomendación o las decisiones de moderación de contenidos.

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