El Gobierno y sus partidos componentes se abstuvieron de un choque público con el Tribunal Constitucional (TC) tras la reciente decisión de no admitir el recurso presentado por Carles Puigdemont contra su orden de detención. Aunque públicamente se mantuvo la calma, detrás de puertas cerradas varios miembros gubernamentales manifestaron su malestar. La resolución, adoptada por dos magistrados que parecen inclinarse hacia posturas conservadoras, ha levantado preocupaciones sobre sus potenciales consecuencias en las negociaciones con el independentismo.
En el seno del Gobierno en funciones, algunos sostienen la existencia de lo que denominan “derecha judicial“, una presunta facción que, según ellos, buscaría socavar los intentos de Pedro Sánchez de revalidar su mandato con el respaldo del independentismo, particularmente del partido de Carles Puigdemont. La inclusión en la decisión de uno de los magistrados, Concepción Espejel, cuya designación ya había sido cuestionada previamente debido a sus vínculos con el Partido Popular, refuerza esta percepción.
Por parte del movimiento independentista catalán, la resolución del Tribunal Constitucional no tomó por sorpresa a muchos. La noción de que la justicia se inclina en determinadas direcciones al tratar asuntos relacionados con líderes del proceso separatista es una creencia arraigada. “Todo está en orden. Hace tiempo que el trabajo del TC consiste en legitimar legalmente una estrategia estatal en contra del independentismo. Y la estrategia no se detiene en vacaciones“, manifestó Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya.
El partido Junts, por su parte, ve la decisión del Constitucional como una oportunidad para destacar la tensa relación que mantiene con las instituciones estatales y, por extensión, con el Gobierno de Sánchez. Los republicanos de Esquerra Republicana desvinculan esta resolución judicial de las negociaciones en curso para la investidura. Sin embargo, es evidente que el fallo impacta en la delicada danza política que se está desarrollando, donde la reelección del Gobierno progresista está en juego y el apoyo de los independentistas podría ser crucial.
En este contexto, las negociaciones entre los partidos siguen su curso. Junts y Esquerra Republicana, con siete escaños cada uno, desempeñan un papel clave en la posible reelección del Gobierno progresista, en contraste con la alianza conservadora. Mientras que los republicanos mantienen distancia de la resolución judicial en relación a Puigdemont, Junts utiliza la decisión del Constitucional como un argumento para resaltar su postura crítica hacia el Gobierno central.
Las conversaciones avanzan en torno a la formación de la nueva Mesa del Congreso y a las futuras mayorías en el Congreso de los Diputados. Entre el PSOE y Sumar, se ha logrado un acuerdo en la presidencia de la Cámara, aunque los detalles del candidato siguen pendientes. Además, se ha discutido la posibilidad de ceder puestos en la Mesa a formaciones nacionalistas, incluyendo posiblemente al PNV. No obstante, la incertidumbre persiste en cuanto al apoyo de ERC y Junts, y la estrategia de negociación con los independentistas sigue siendo una carta crucial para ganarse su respaldo. A pesar de que los resultados del 23-J no cumplen los requisitos para un grupo parlamentario propio, se espera que ERC y Junts mantengan su posición con el respaldo del Reglamento del Congreso.
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