El posible pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para asegurar la investidura del primero como presidente del Gobierno, está en el aire. Sin embargo, lo que más preocupa a la sociedad es la propuesta de una ley de amnistía que podría acompañar a este acuerdo.
La amnistía es un concepto jurídico que, en su esencia, implica el perdón total de las responsabilidades penales de individuos que han cometido delitos. En este caso, se estaría hablando de perdonar los delitos relacionados con el proceso independentista catalán, incluyendo la celebración de un referéndum ilegal y la declaración de independencia unilateral.
El argumento detrás de esta propuesta es, según algunos, buscar una solución pacífica y dialogada para el conflicto catalán. Sin embargo, otorgar una amnistía a quienes han desafiado abiertamente la legalidad y han impulsado un proceso secesionista basado en la desobediencia a las instituciones democráticas no es la solución adecuada.
En primer lugar, una amnistía de este tipo podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad española. Se podría interpretar como una señal de que la desobediencia a las leyes y la ruptura del orden constitucional pueden quedar impunes, lo cual socavaría la confianza en el sistema legal y democrático de España.
Además, sería injusto para aquellos individuos que han sido condenados y cumplen penas de prisión por delitos similares en otros contextos. ¿Por qué se perdonaría a unos y no a otros? Esta falta de coherencia y equidad en el sistema de justicia podría generar un profundo sentimiento de injusticia entre la población.
Otro aspecto preocupante es el precedente que esto podría establecer. Si se otorga una amnistía en este caso, ¿qué impide que otros grupos o individuos exijan amnistías por sus propios delitos en el futuro? Esto podría abrir la puerta a un peligroso terreno en el que la impunidad se convierta en la norma.
Es crucial recordar que el Estado de Derecho es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. La igualdad ante la ley y el respeto a las instituciones son principios que no pueden ser sacrificados en aras de un acuerdo político. La solución al conflicto catalán debe buscarse a través del diálogo y el respeto a la legalidad, pero nunca a costa de la justicia.
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