Jueces, fiscales y empleados públicos piden ayuda a la UE en defensa del Estado de Derecho y denuncian el peligroso antecedente de amnistiar la corrupción

Maite Pagaza lleva al Parlamento Europeo el Pacto de Profesionales firmado por una docena de organizaciones ante el retroceso democrático y la inminente ley de amnistía.

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Este jueves se ha presentado en el Parlamento Europeo el Pacto de Profesionales en defensa del Estado de Derecho en un evento organizado por Maite Pagazaurtundua, que ha reivindicado este acuerdo de las más relevantes organizaciones de jueces, fiscales, abogados y profesionales del Derecho, cuerpos de funcionarios del Estado y de la administración local que se comprometen con los valores democráticos ante la grave crisis que atraviesan y la inminente ley de amnistía. 

Los firmantes del Pacto, que representan a 20.000 asociados, han advertido del grave precedente que puede sentar la ley y del que la UE debe de ser consciente: la posibilidad de crear espacios de impunidad al margen del poder judicial, incluida la amnistía de la corrupción y de los delitos de terrorismo. 

“Hay una grave amenaza a la estabilidad del sistema constitucional, una amenaza populista, y uno de los diques de contención más importantes frente a todo ello han sido desde noviembre los profesionales y servidores del Estado. El otro es Europa”, ha dicho la eurodiputada de CS, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e interior del Parlamento Europeo, en un acto en el que han intervenido buena parte de las organizaciones firmantes. 

Pagaza ha agradecido el “tsunami democrático, este sí que lo es” que han provocado estas organizaciones desde la movilización de noviembre, “que tanta confianza dio a millones de ciudadanos por proceder de un ámbito que no era el político”. Este Pacto es un refuerzo más del dique de contención en que se han constituido. 

El otro, ha dicho Pagaza, es Europa. “Por eso los artículos más importantes de los Tratados son los que se refieren a la defensa del Estado de Derecho y, para acceder a la UE, los capítulos más importantes que hay que cumplir se refieren específicamente a esta cuestión, a los elementos que hacen que no sea posible la corrupción institucionalizada o que el populismo se haga con un país y destruya los derechos civiles y la verdad, porque no olvidemos que sin verdad no hay democracia”, ha manifestado. Y se ha comprometido a trasladar las intervenciones de hoy a la Comisión Europea. 

La eurodiputada ha advertido de la profundidad de la embestida para vaciar de sustancia el Estado de Derecho y ha hecho un llamamiento a que cada cual “haga lo posible” desde su posición, “para no dejar de ser ciudadanos, para no convertirnos progresivamente, como en el cuento de la rana que hierve en el caldero, en vasallos”. 

LA AMNISTÍA, UN PELIGROSO PRECEDENTE PARA EUROPA 

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha sentenciado al inicio de su intervención que “en España hay un claro retroceso de la democracia”, una situación de quiebra del Estado de Derecho que no es nueva pero que con la ley de amnistía es más evidente. “Por eso venimos a Europa, a la casa común, a pedir respaldo en esta defensa que nos mueve a todos los profesionales que estamos aquí hoy, que somos apolíticos. Queremos que esta degeneración no se imponga y tenga consecuencias de futuro en la Unión”, ha declarado. Junto a ella ha intervenido también hoy Antonio Roma, miembro de la Ejecutiva de esta asociación. 

El culmen, ha añadido Dexeus, ha sido la ley de amnistía y la creación de comisiones parlamentarias de investigación de la actuación profesional de jueces, fiscales y policías durante el ‘procés’ catalán. La ley, ha resumido, no responde a una razón de justicia, es contraria al principio de independencia judicial, al de igualdad ante la ley y contraria también a los cuatro principios generales que inspiran la Constitución, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. 

De cara al futuro, ha asegurado que jueces y fiscales seguirán aplicando la ley, pero con el grave problema de tener un Código Penal cada vez más “reducido” para según qué delitos. “Cada vez está más reducido para el independentismo. En aquellos delitos que pueden estar en la esfera de comisión de los políticos independentistas. Es el grave problema que tendremos para reaccionar”, ha dicho. 

Roma ha puesto el acento en el interés por amnistiar delitos de corrupción, lo que da una “clara dimensión europea” a esta cuestión y de ahí la movilización de hoy. “¿Podemos dejar que una ley europea permita esto, rebajar los estándares de los Tratados de la Unión? ¿Podemos ser coherentes con Estados que soportan una intervención de la Comisión, como Rumanía o Eslovaquia, qué les vamos a decir? ¿Y a los Estados que quieren entrar, Albania o Ucrania, a los que ponemos trabas por no ser eficaces en la persecución de la corrupción? Una ley queda para el futuro: no es el final, es el principio”, ha dicho. 

Pilar Astray, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha añadido que “el Estado de Derecho da síntomas de alarma clara” que afectan a toda Europa y de ahí la importancia de estar hoy en Bruselas. “Estamos advirtiendo de que puede existir arbitrariedad y esto es muy grave, para España y para Europa”, ha dicho. 

La portavoz ha cargado duramente contra la ley de amnistía porque agrava una situación previa de ataque a las resoluciones judiciales y a los jueces por los partidos políticos. Ha denunciado, entre otras muchas cosas, que entre las responsabilidades que quiere borrar la ley están también las económicas y contables. “Y aquí hay fondos públicos desviados y hay delito y estamos decidiendo no recuperarlos”, ha advertido. 

Por parte de la Gestora Nacional de Foro Judicial IndependienteAlejandro Vega Jiménez ha subrayado la gravedad de la ley de amnistía por pactar impunidad por votos y por abrir las puertas al ‘lawfare’. “Tenemos que posicionarnos en defensa del Estado de Derecho, que no es una cuestión de izquierdas o derechas. Estado de Derecho significa imperio de la ley. La gravedad de la ley es el precedente que sienta: crear un espacio de impunidad libre del poder judicial”, ha dicho. 

Y ha subrayado el hecho de que los jueces españoles son también jueces europeos. “Es nuestro deber combatir estos abusos de poder y reafirmar los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho”, ha defendido.  

LA INDEPENDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 

En el evento han intervenido también representantes de varios cuerpos de funcionarios. Han reivindicado la importancia de salvaguardar su independencia para el buen funcionamiento del Estado, barrera que ven sin embargo amenazada desde hace unos años. 

Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, ha criticado la posibilidad de que se conceda a Cataluña la independencia fiscal que pide el secesionismo, “que va en contra de los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y justica”. Además, ha denunciado que se vayan a modificar los sistemas de selección de funcionarios, “introduciendo criterios subjetivos y arbitrarios para seleccionar a los servidores públicos”. 

En nombre de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de España (APSITAL), Alberto Bravo, ha denunciado también el deterioro de la función pública en general, pero especialmente en este cuerpo de funcionarios, que dependen del Estado para que puedan estar “lo más alejados posible” de la presión de la política local, dada su responsabilidad. 

Sin embargo, en 2022, el Gobierno cedió al País Vasco la competencia de selección y ahora Cataluña pide lo mismo. “A nadie le extraña, porque es obvio, el motivo que subyace en este extraordinario interés de los partidos nacionalistas por hacerse con la selección de los controladores locales. Llama la atención que únicamente las Comunidades Autónomas gobernadas por partidos nacionalistas sean las que reclaman esta cesión, cuando el sistema estatal existente hasta el momento es profesional, objetivo y funciona razonablemente bien”, ha dicho. 

POLICÍAS POR EL ESTADO DE DERECHO    

David Pola, secretario provincial de las Islas Baleares y portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), ha explicado que el trabajo policial en todas sus facetas es consustancial a la defensa del Estado de Derecho. “Nos debemos a la Ley. Trabajamos por y para ella”, ha explicado. Al mismo tiempo, la fortaleza de ese marco jurídico “proporciona a los policías seguridad, certeza, estabilidad, sólo así es posible ejercer con eficacia la lucha contra el delito o la protección de las víctimas, especialmente de las más vulnerables”.   

“Aprovechamos esta tribuna para reiterar nuestra permanente adhesión a esos principios constitucionales. Al Estado de Derecho. Preservar y garantizar ese entorno es un reto que a todos nos compete, al que todos estamos llamados”, ha añadido.   

Desde esta misma organización, Víctor M. Vigil, secretario general, ha destacado una de las vertientes del trabajo policial, el de ejercer de policía judicial, y cómo la legislación garantiza que se ejerza desde la independencia, “que no es descontrol”. “Todo esto no es baladí. La protección del Estado de Derecho, el imperio de la ley, no es viable sin una Policía profesional, con misiones constitucionales, con un estatuto funcionarial sometido a la excelencia en la ética”, ha defendido.   

EL PACTO  

“Las asociaciones firmantes Asociación de Fiscales, Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Asociación de Abogados del Estado, Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Confederación Española de Policía, Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, como representantes de cuerpos de funcionarios del Estado y la Administración Local, jueces y fiscales, y profesionales del derecho, comunicamos la creación de un comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales, como muestra de nuestro compromiso en la defensa del Estado social y democrático de Derecho”. 

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