Este martes, el presidente de la Generalidad Catalana, Pere Aragonès, firmará el decreto de convocatoria de elecciones al Parlamento catalán para el próximo 12 de mayo. Ha sido este fin de semana, cuando el PSC ha ratificado la candidatura de Salvador Illa como primer secretario de la formación en Cataluña. Una formación que dejó atrás hace tiempo la palabra “socialista”.
El pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobó con 178 votos a favor la Ley de Amnistía, una ley que va a dar total impunidad a los independentistas que han sido condenados por malversación, sedición y algunos, como Puigdemont, por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por delito de terrorismo. Esta ley, como ya he dicho en otras ocasiones, es un intento de golpe de Estado, un atentado contra nuestro Poder Judicial y una tomadura de pelo para todos los españoles. Esta ley que para lo único que realmente sirve es para que Sánchez pudiera ser investido presidente del Gobierno a finales del pasado año. Han vendido a toda una nación por 7 votos.
Ya lo reconoció el propio Óscar Puente en una entrevista en el Canal 24h en noviembre. “¿Si no hubierais necesitado la amnistía para la investidura, habríais adoptado esto? Probablemente no”, dijo el ahora ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Y sobre esta Ley de Amnistía, ya se posicionó Salvador Illa, cuando dijo “ni amnistía ni nada de eso” en 2021. O cuando María Jesús Montero dijo “la amnistía es inconstitucional. Los indultos no, la amnistía sí”.
Illa y el PSC, junto al PSOE, intentan vender la amnistía como un nuevo paso para dejar atrás la unilateralidad y buscar una falsa convivencia en Cataluña. El propio Salvador también dijo hace unos días a través de X –anteriormente Twitter–, que la amnistía es por la convivencia y no por Puigdemont. “No te lo crees ni tú”, le respondió el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Durante estos últimos años, el PSC ha ido perdiendo el norte, apoyando desde el Parlament al (des)Gobierno de ERC, al principio con Junts, y desde 2022, en solitario. De hecho, de no haber sido por un casino en Salou (Tarragona), En Comú Podem habría votado a favor de los presupuestos catalanes y no se habrían convocado elecciones. Unos presupuestos a los que el PSC también votó a favor.
Y esta presunta y falsa convivencia que intentan vender, debe ser una sociedad paralela e irreal, porque Junts ya no mira tanto a la amnistía, y vuelve a su camino del referéndum y la autodeterminación. Ellos mismos lo reconocen.
Illa no es una alternativa, es otra senda nacionalista. La alternativa son aquellos partidos que hablan de los problemas reales de los catalanes, de los que quieren cerrar este capítulo y abrir otro en la sociedad. Y a día de hoy, solo un partido habla de esos problemas. Plantando cara también a la inseguridad y la delincuencia que se vive en las calles.
Illa está más cerca de los separatistas, que, de los constitucionalistas, y a la vista está, apoyando una amnistía en la que todas las asociaciones de magistrados, fiscales e inspectores de Hacienda han manifestado su rechazo. Una medida de gracia inconstitucional [la amnistía]–como ya manifestaron quienes ahora se han vendido al chantaje de Junts y Puigdemont–, que no está contemplada en nuestra Carta Magna. Una Constitución que prohíbe los indultos generales.
La amnistía, proviene del latín “amnesia”, que significa olvido. Los indultos, a diferencia de la amnistía, es solo el perdón de los delitos; la amnistía es el perdón y el olvido, es decir, la impunidad y la inexistencia de esos delitos. Una medida de gracia que reconocería que los jueces españoles condenan a personas inocentes, cuando realmente son delincuentes que dieron un golpe de Estado y que robaron el dinero de los catalanes.
Ahora, la amnistía pasa al Senado. El PP debería buscar las fórmulas legales para inadmitir la ley. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el propio departamento de prensa de la Cámara Alta, reconocen casos muy concretos para inadmitir leyes, y uno de los casos, podría ser el indicio de inconstitucionalidad.
