El Gobierno de España ha anunciado estos días de cuaresma un nuevo impuesto. Se trata de un tributo del 1% para las rentas mayores de 56.000€, llamado “fondo de solidaridad” destinado al pago de las pensiones, según se ha anunciado. Esta tasa, no es más que la demostración empírica de una cuestión que parece un verdadero tabú en nuestro país. Existe una burbuja de las pensiones.
El sistema no es sostenible. Si lo fuera, el Gobierno de turno no tendría que andar retocando las leyes y las cotizaciones eternamente. Y no se sostiene porque el sistema de pensiones español, cuyos cimientos datan de los años sesenta del siglo pasado, está basado en dos pilares que ya no existen. El primero es la pirámide poblacional y el segundo, la realidad laboral de los perceptores futuros de la jubilación.
Vayamos por partes. Cuando en 1967 entra en vigor la Ley de Seguridad Social, en España había mucha gente joven en edad de trabajar y muy poca (en gran parte como consecuencia de la Guerra Civil) por encima de 65 años. Además, la esperanza de vida en aquellos tiempos, era muy distinta a la actual. De hecho, mientras en 1967 la esperanza de vida en España era de 68 años para los hombres y 74 para las mujeres, en 2023 esta cifra se alarga hasta los casi 82 para los barones y los 88 en las mujeres. Es decir, muchos de los babyboomers que hoy van a cobrar la pensión, tienen por delante una perspectiva de cobrar su jubilación durante 15-20 años, frente a los apenas 3 o 5 de jubilación a la que se aspiraba en 1967. Lo cual significa una cosa que es irrefutable; hay más gente con derecho a una prestación que se va a percibir durante mucho más tiempo. Algo que requiere de mucho más dinero.
De otro lado, el sistema laboral de los 60 difiere mucho del actual sistema español. En los años 60, en pleno boom económico español, era más que común que un imberbe de 16 años accediera como aprendiz o peón en una fábrica (léase Seat, Santana, Telefónica,…) e ir ascendiendo desde ahí hasta las diferentes categorías de oficiales, llegando a la edad de jubilación con casi 50 años de vida laboral acumulada. En muchos casos, incluso en la misa empresa. Frente a ese panorama, nos encontramos a día de hoy con una tasa de paro juvenil que roza el 30%. Una incorporación al mercado laboral cada vez más tardía y en unas condiciones de precariedad, con contratos a tiempo parcial, en muchos casos encadenando contratos de pocos meses con prestaciones por desempleo.
Esto significa que si un español medio tiene que esperar hasta los 35 años para alcanzar unas cuotas de estabilidad aceptables y tiene que reunir 38 años de cotización para jubilarse, difícilmente va a alcanzar para reunir los derechos laborales necesarios para poder acceder a su prestación.
Así pues el panorama en España es el que es. De un lado, tenemos una masa social que se ha labrado un derecho a la percepción de su jubilación muy elevada, que además tiene (afortunadamente) una esperanza de vida alta que le va a permitir disfrutar muchos años de ella. Del otro lado, un mercado laboral donde los jóvenes apenas tienen opciones de incorporación, con un sistema tributario que asfixia al pequeño y mediano empresario, que dificultan tanto la contratación como la mejora de los salarios y un Gobierno que, ajeno a la realidad o muy consciente de ella por cuanto representan en porcentaje de voto los pensionistas, dispuesto a disparar las pensiones por encima de lo que podemos permitirnos.
Si la situación descrita versase sobre cualquier otro activo, no habría pudor alguno en definir la realidad como una burbuja. Pero las burbujas tarde o temprano estallan y el pánico social a las consecuencias de que esto sucede, es lo que convierte a la realidad de las pensiones en un auténtico tabú, al cual nadie (ni Gobierno ni oposición) quiere atreverse a reformar de forma valiente, radical y sobre todo definitiva para garantizar su sostenibilidad. El miedo a la pérdida de votos o a un levantamiento social hace que en el mejor de los casos, tan solo se den patadas a seguir al balón, con parches que no sirven para nada.
Pero la burbuja, por más que se niegue o se gesticule existe. Tarde o temprano acabará por estallar y lo que no se puede bajo ningún concepto sostener, es que la impresionante carga de las pensiones recaiga única y exclusivamente sobre los hombros del Estado. Porque dejar toda la carga de las pensiones sobre el Estado, con semejante panorama, es condenar a las clases medias con unos impuestos que los van a acercar cada vez más a las clases bajas e hipotecar irremisiblemente los recursos del Estado, maniatando a la administración a la hora de crear infraestructuras, financiación de servicios públicos o inversión en tecnología, desarrollo o investigación.
La mágica solución de los Gobiernos a este problema se llama deuda. Gastar un dinero que no se tiene, a costa de que lo paguen otros (los que hemos visto que no pueden acceder a un trabajo) a futuros, de manera que la solución es casi peor que el problema. De hecho España cerró 2023 con más de 1500 billones de deuda. La más alta de su historia. Pero ni rastro de soluciones valientes o liberales que permitan ampliar los horizontes y reafrontar el problema.
Para mí, la solución pasa irremediablemente por liberalizar el sector de las jubilaciones, permitiendo la coexistencia real de un sistema público con el privado. Esto es; que el Estado garantice una pensión mínima indexada a un
valor determinado (por ejemplo el SMI) a todos los cotizantes o mayores de 65 años y que incentivase fiscalmente el complemento de pensión privado. De esta forma, todo el mundo tendría claro y nítido que va a pasar cuando alcance los 65 años, con independencia de sus años y cantidades cotizadas y podría planificarse durante su vida laboral, como afrontar su edad de retiro.
Esto supondría múltiples ventajas sobre la realidad actual; por un lado, al Estado le permitiría planificar los recursos que va a destinar al pago de pensiones de una forma más precisa y además lo haría destinando menos recursos. Por otro lado, los futuros cotizantes podrían buscar un complemento de pensión, que además le va a producir beneficios fiscales durante su vida laboral, lo cual le dotará de mayor poder adquisitivo y de consumo, lo que beneficiaría también a la economía nacional.
Y en este sentido, la liberalización del sistema, daría nuevas oportunidades a sectores como el bancario o seguros, gracias a la creación de nuevos productos de inversión, sin olvidar al sector inmobiliario pues una de las fórmulas de complemento de pensión podría ser la inversión en vivienda para destinarla al alquiler, algo que de rebote, también puede ayudar a la actual tendencia alcista del mercado, ya que al existir mayor oferta para alquilar, los precios se van a enfriar notablemente.
Sin embargo, este tipo de reformas valientes no llegarán salvo que sean impuestas por Europa. La izquierda de este país se levantaría en armas ante lo que llamarían el desmantelamiento de las pensiones de la derecha y el miedo a ese levantamiento será lo que frene a otro partido de corte no socialista. Se necesita en este país un partido liberal de verdad, con ganas de hacer esas reformas definitivas, sin complejos a la hora de gobernar y sin miedo a esa máquina de manipular la verdad en la que se ha convertido la izquierda.
