El pasado sábado, el conflicto entre Israel y Palestina se intensificó, dando lugar a una crisis humanitaria que ha generado una oleada de reacciones en todo el mundo. En este contexto, resulta preocupante que algunos políticos españoles, incluyendo miembros del Gobierno, hayan mostrado apoyo a un régimen terrorista como Hamás. Esta postura arroja sombras sobre el compromiso de España con la paz y la estabilidad en la región.
El apoyo a Hamás, un grupo considerado como organización terrorista por numerosos países, es una posición que ha sido defendida únicamente por partidos de extrema izquierda, algunos con ministros en el Gobierno de nuestro país. La pasividad de algunos líderes ha permitido que se perpetúe una narrativa que no solo pone en riesgo la seguridad de la región, sino que también mina la credibilidad de España como actor internacional comprometido con la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, nombrar la palabra “terrorismo” y “Gobierno de Sánchez” en una misma frase, es, cuando menos, incoherente. No hace falta recordar que uno de los principales socios de Sánchez, no solo de la pasada legislatura, sino parece también que de la investidura a la que Pedro Sánchez se enfrentará en unas semanas, es EH Bildu, en cuyo partido hay actualmente 27 miembros condenados por delitos relacionados con el terrorismo, entre ellos, su coordinador general, Arnaldo Otegui, y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurúa.
Por otro lado, es importante destacar la existencia de un partido de extrema izquierda en el Gobierno español, conocido como Sumar, el cual ha promovido la idea de una amnistía para el ex presidente catalán Carles Puigdemont. Este planteamiento pone en entredicho el compromiso del Gobierno con el estado de derecho y la democracia, ya que una amnistía para un líder independentista con cargos de rebelión socavaría la integridad del sistema legal español.
La postura de Sumar y su búsqueda de un acuerdo para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa, a pesar de las implicaciones legales de la amnistía, plantea dudas sobre la prioridad de algunos políticos en la protección de los principios fundamentales de nuestra democracia y nuestro sistema de justicia. Esto, en última instancia, podría erosionar la confianza del público en las instituciones gubernamentales, algo que los españoles vienen viendo en los últimos años, con la toma de poder de Sánchez del Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de RTVE, el Tribunal de Cuentas, el CIS o el INE.
Una amnistía para un líder independentista con cargos de rebelión socavaría la integridad del sistema legal español.
Es fundamental destacar que el Gobierno español ha estado dividido en diversas cuestiones, no solo en lo que respecta al conflicto entre Israel y Palestina, sino también en otros asuntos de relevancia internacional, como la cumbre de la OTAN celebrada en España el año pasado. Esta división debilita la posición de España en la arena internacional y dificulta la adopción de políticas coherentes y efectivas.
En esa cumbre, los ministros de Unidas Podemos no asistieron a ninguno de los actos programados, ya que rechazaban no solo el aumento previsto en defensa, sino también aseguraban que la cumbre solo defendía “los intereses de Estados Unidos”.
En un momento en el que se requiere unidad y liderazgo en asuntos internacionales y nacionales, la división y la falta de claridad en la política gubernamental no son más que obstáculos para la consecución de objetivos fundamentales en materia de seguridad y estabilidad.
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