El Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo de la Generalitat que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal vigente, ha emitido este martes un dictamen en el que avala la ley de protección del catalán en la escuela promovida por PSC-Units, ERC, JxCat y En Comú Podem.
El Parlament acordó el 25 de mayo tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, impulsada por PSC, ERC, JxCat y comunes, pero el dictamen solicitado por Vox, Cs y PP obligó a aplazar su aprobación hasta que se pronunciase el Consejo de Garantías.
En su dictamen, adoptado por unanimidad, el Consejo de Garantías Estatutarias señala que los artículos cuestionados “no vulneran” ni la Constitución ni el Estatut.
Tras recibir el dictamen, el Parlament podrá ampliar el orden del día para poder debatir y votar la proposición de ley en el pleno que arrancará mañana miércoles.
Vox, Cs y PP advertían, en su petición de dictamen, de la supuesta inconstitucionalidad del artículo 2 de la proposición de ley, que establece el catalán como “lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje”, si bien reconoce también el “uso curricular y educativo” del castellano.
El dictamen constata que la proposición de ley plantea “un uso más amplio del castellano en el sistema educativo respecto a las previsiones contenidas en la Ley de Educación de Cataluña y la Ley de Política Lingüística”, ya que “recoge explícitamente su uso curricular y educativo”.
Por lo tanto, “la previsión del uso curricular de una lengua supone reconocer la posibilidad de que se extienda sobre todo este conjunto de elementos que integran el sistema educativo”, añade.
El castellano, al ser declarada lengua de “uso curricular y educativo”, no queda “excluido” del sistema educativo, sino que “se le reconoce un uso que es obvio que va más allá de su utilización solo” para impartir la propia asignatura de castellano.
Según el Consejo de Garantías Estatutarias, “se cumplen sobradamente las condiciones que ha establecido el Tribunal Constitucional en relación con el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria”.
Además, recuerda que “la igualdad de lenguas en la enseñanza tampoco ha sido nunca exigida ni por la Constitución, ni por el Estatut, ni por la legislación básica del Estado, ni explícitamente ni en la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional a lo largo de casi tres décadas”.
En cuanto a las objeciones de Vox, Cs y PP a que la ley no establezca un porcentaje mínimo del 25% de clases en castellano, como prevé el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el dictamen advierte de que “el contenido de las resoluciones de los tribunales ordinarios no constituye ningún parámetro para valorar la constitucionalidad ni la estatutariedad de las leyes”.
El dictamen señala que la regla del mínimo del 25% de uso vehicular para cada una de las lenguas oficiales, establecida en la sentencia judicial, “no se convierte en parámetro de constitucionalidad ni de estatutariedad que vincule al legislador y que, por lo tanto, lo obligue a respetarla”.
Según el Consejo de Garantías, la regla de porcentajes “puede ser una opción política legítima, pero, como opción política que es, debe ser decidida por los poderes públicos competentes, comenzando por el Parlament”.
En los próximos días, el Consejo de Garantías Estatutarias deberá dictaminar también sobre el decreto ley aprobado la semana pasada por el Govern, que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, para proteger así a los directores de centros, y evita hablar de porcentajes de lenguas.
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