El líder popular Jorge Azcón ha sido investido como presidente del primer Gobierno de Aragón en el que el partido Vox forma parte de una coalición. El acuerdo de coalición también incluye al Partido Aragonés (PAR), marcando un hito en la política regional al obtener el respaldo de tres partidos para la investidura.
Con un acuerdo de gobierno firmado con Vox y un pacto de investidura alcanzado con el único diputado del PAR, Azcón ha logrado superar la mayoría absoluta en las Cortes con un total de 36 diputados a favor. Esta coalición se compone de los 28 diputados del Partido Popular (PP), los 7 de Vox bajo la dirección de Santiago Abascal, y el diputado aragonesista. Por otro lado, un total de 31 diputados han votado en contra de la investidura, incluyendo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con 23 votos en contra, Chunta Aragonesista (CHA) con 3 votos en contra, Teruel Existe con 3 votos en contra, y un voto en contra respectivamente de Podemos e Izquierda Unida (IU).
La llegada de Azcón a la Presidencia de Aragón ha sido posible gracias a un acuerdo de gobierno que consta de 80 puntos y 10 áreas de trabajo en conjunto con Vox. Dentro de esta coalición, Vox dirigirá una macroárea de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, ocupando una vicepresidencia de gran relevancia. Esta posición será liderada por Alejandro Nolasco, cabeza de la formación en Aragón. Además, Vox también asumirá la responsabilidad de la consejería de Agricultura y Ganadería.
Uno de los aspectos más destacados del pacto de coalición es la serie de medidas acordadas, entre las que se incluye la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón, así como la reforma de la ley autonómica de Identidad y Expresión de Género e Igualdad y no Discriminación. Además, se prevé la supresión de “organismos ideológicos”, como el Comisionado para la Agenda 2030, el relacionado con la despoblación y el vinculado a la infancia. Estas medidas han sido objeto de controversia y críticas por parte de la izquierda, que las considera “retrógradas” y acusa al pacto de tener inclinaciones “privatizadoras y elitistas”. Asimismo, ha habido voces que han cuestionado la inclusión de estas reformas en el acuerdo, calificándolas como una apertura a elementos disruptivos en la administración regional.
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