La consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad de Baleares, Marta Vidal, ha anunciado que la Comunidad Autónoma presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varios artículos y disposiciones de la ley estatal de vivienda, aprobada en mayo por el Gobierno central. La medida se toma debido a la creencia de que dicha legislación viola competencias autonómicas. Baleares se une a Madrid, Andalucía y el País Vasco como la cuarta región en llevar a cabo este tipo de acción legal.
El recurso se dirige específicamente contra la Ley 12/2023, fechada el 24 de mayo, que establece el derecho a la vivienda. Según los argumentos presentados por el Gobierno balear, esta ley contiene varios artículos y disposiciones que traspasan competencias que corresponden exclusivamente a la Comunidad Autónoma en el ámbito de la vivienda.
De acuerdo con el marco normativo establecido en el artículo 30, apartado 3, del Estatut d’Autonomia, el Gobierno de Baleares ostenta competencias exclusivas en lo que respecta a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Los servicios jurídicos de la Comunidad han examinado en profundidad el contenido de la ley estatal de vivienda y han concluido que ciertos preceptos de esta norma “ignoran la distribución de competencias estipulada por la Constitución española, superando las atribuciones estatales e invadiendo el ámbito propio de las comunidades autónomas”.
En particular, se argumenta que ciertos apartados de la ley exceden los títulos de competencia invocados por el legislador estatal, limitando o anulando la posibilidad de que las comunidades autónomas, en este caso Baleares, puedan ejercer las competencias que sus respectivos estatutos de autonomía les otorgan de manera exclusiva.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma ha identificado nueve artículos y cuatro disposiciones de la ley estatal que, en algunos de sus puntos, “vulneran el Estatut d’Autonomia”. Entre estos aspectos, se abordan regulaciones relacionadas con la vivienda protegida, el parque público de viviendas, la declaración de áreas con mercado residencial tensionado, medidas para controlar los precios en los contratos de alquiler y modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De acuerdo con la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, que establece las normas reguladoras del Tribunal Constitucional, los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas están habilitados para presentar recursos de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones o actos con rango de ley provenientes del Estado, siempre que afecten a su autonomía.
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