El exlíder de la Generalitat y actual eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha comunicado su perspectiva en torno a la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez. En un mensaje transmitido a través de su cuenta de Twitter este lunes, Puigdemont señaló que no optaría por “abordar una negociación a través de declaraciones públicas”. En anticipación a la fecha crucial del 17 de este mes, el político manifestó que la tensión y las especulaciones han aumentado, exhortando a mantener “paciencia, perseverancia y perspectiva” en este proceso.
El próximo jueves, se llevará a cabo la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, en la cual se elegirán a los miembros que conformarán la nueva Mesa de la Cámara Baja. Este evento adquiere un significado fundamental en el contexto político actual, y su desarrollo será seguido de cerca por diversos actores.
Carles Puigdemont, líder de Junts, ha enfrentado recientemente desafíos legales derivados de su recurso en el Tribunal Constitucional con el propósito de evitar la orden de detención emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de junio, bajo cargos de desobediencia y malversación. No obstante, el exdirigente vio cómo sus peticiones fueron desestimadas por la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional, con un resultado de dos votos en contra y uno a favor de las solicitudes planteadas, incluyendo la del exconsejero Toni Comín.
La Sección de Vacaciones decidió intervenir en este asunto en virtud de la solicitud de suspensión de una resolución judicial que implicaba la privación de libertad. Esta medida ha contribuido a la complejidad de la situación legal que rodea a Puigdemont.
Teresa Jordà, la número dos de Esquerra Republicana (ERC) en las elecciones generales del pasado 23 de julio, expresó su descontento con la decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso presentado por Carles Puigdemont en contra de la orden de detención emitida por el Tribunal Supremo. Jordà catalogó esta decisión como una “vergüenza de primer orden”, insinuando la existencia de lo que considera una “causa general contra el independentismo”. Según su opinión, esta medida se suma a una serie de decisiones que han sido cuestionadas desde el referéndum catalán de 2017.
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