Ciudadanos ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas al Gobierno acerca de las medidas que se van a tomar para garantizar el uso vehicular del castellano en los centros educativos de Cataluña.
Estas preguntas se presentan en un momento en el que se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y que establece que los alumnos tienen derecho a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales de su territorio. A pesar de ello, se ha denunciado que en Cataluña no se está cumpliendo este derecho y que se ha producido un constante incumplimiento en la garantía de la enseñanza del castellano en sus centros educativos.
La sentencia del Tribunal Supremo (TS) de fecha 18 de noviembre de 2021, en respuesta al recurso en trámite de casación contra la sentencia anteriormente dictada en fecha 16 de diciembre de 2020 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSC Cat), declaró la obligación de la Administración educativa autonómica en Cataluña de garantizar, al menos, un 25% de utilización vehicular norma de ambas lenguas oficiales (catalán y castellano) en los porcentajes que, en su caso, se determinen de acuerdo con la legislación vigente.
Sin embargo, el Govern catalán promulgó un Decreto ley autonómico (Decreto ley 6/2022) que establece la “inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas”, alegando que la ley catalana 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, ya establece el carácter vehicular de la lengua catalana y solo el curricular de la lengua castellana en las escuelas.
Por todo ello, Ciudadanos ha presentado estas preguntas al Gobierno para conocer qué medidas se van a adoptar para garantizar el derecho a recibir enseñanza en castellano en los centros educativos de Cataluña y para que se cumpla la sentencia del TS que establece la obligatoriedad de la Administración educativa autonómica en Cataluña de garantizar el uso vehicular del castellano.
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