Alfonso López de la Osa Escribano, Universidad Nebrija
La democracia es el poder político de los ciudadanos. Analizar los principios básicos de esta como sistema de gobierno supone estudiar la noción de Estado de derecho.
La democracia está protegida por él, pues ciudadanos y poderes públicos están sometidos al imperio de la ley, una ley votada y promulgada al amparo de los principios de legalidad y legitimidad es exigible por sí misma. No debemos percibirla de forma intimidatoria o coercitiva, sino con la convicción de que su respeto asegura una vida pacífica, segura, ordenada y previsible para todos.
Es una garantía más de civismo. En caso de vulnerarse, el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición recursos administrativos y judiciales que amparen nuestros derechos.
Una acción de los poderes públicos en la que prevalezcan los intereses privados en lugar del interés general es considerada corrupción, que cuando punible, condena penalmente al funcionario y le aparta de toda función pública.
Según aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2020, “el Estado de derecho ayuda a proteger a los ciudadanos de la ley del más fuerte. Es el garante de nuestros derechos y libertades más básicos en nuestra vida cotidiana. Nos permite expresar nuestra opinión y ser informados por una prensa libre”.
Así, vemos que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, consagra el Estado de derecho como uno de los valores comunes a todos los Estados miembros y que debemos proteger.
El Estado de derecho (Rule of Law o Law enforcement) tiene dimensión reglamentaria (policial y de seguridad pública), legal, constitucional o supranacional. Rousseau lo llamaba “contrato social”, como la relación existente entre los ciudadanos y el poder, la ley y el derecho, la voluntad general.
Dimensión positiva y negativa del Estado de derecho
Los elementos que componen el Estado de derecho pueden tener una dimensión positiva y otra negativa.
De forma negativa, nos encontramos con un Estado con instituciones débiles e ineficientes, paralizadas o corruptas, pues priman los intereses privados dirigiendo la política, la existencia de conflictos de interés, las actuaciones arbitrarias, la intimidación, el nepotismo.
Existen déficits democráticos: sistema electorales y recuento de votos opacos y sin garantías de regularidad; inseguridad (ciberataques, ciberdelincuencia y terrorismo); faltan las libertades públicas y derechos fundamentales más esenciales (libertad de expresión, libertad de conciencia y culto, la libertad de recibir información y noticias veraces, la tutela judicial efectiva, etc.); predominan las desigualdades en la sociedad (de género, salariales, falta de inclusión, falta de acceso a una educación libre, a la salud, etc.). Además, no existen mecanismos apropiados de control de las instituciones que son incapaces de solucionar los problemas más básicos de la sociedad.
Una dimensión positiva del Estado de derecho respeta el principio de seguridad jurídica, la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las instituciones consolidadas actúan de manera eficiente y conforme a la ley y al derecho. La justicia es independiente, las potestades discrecionales de la Administración son ejercidas con discernimiento y sobre la base del principio de legalidad. Las instituciones son transparentes, se comunican entre sí y con los ciudadanos; se garantiza la seguridad de todos y las instituciones rinden cuentas.
Se garantiza también la estabilidad macroeconómica, pues el gobierno anticipa y toma medidas que permiten paliar los efectos de las crisis económicas, asegurando el crecimiento económico que, allí dónde no aumente el poder adquisitivo de los ciudadanos, por lo menos lo mantenga. Se respetan los derechos fundamentales, la inclusión y la participación de los ciudadanos en la vida política en términos de igualdad.
El bloqueo del CGPJ erosiona la democracia
El Consejo General del Poder Judicial español está en boca de todos estos días por el bloqueo que sufre. La confianza en el poder judicial es un parámetro esencial en un sólido Estado de derecho. Gustav Radbruch, ministro de Justicia durante la República de Weimar, criticaba cómo el poder judicial podía ocultar un ejercicio autoritario bajo las llamadas funciones objetivas, entendiendo por ello la arbitrariedad, intrínsecamente ilegal, con la que se tomaban las decisiones. Radbruch insistía en que no importaba cuán maduro o desarrollado fuera un país, la democracia debía ser constantemente protegida.
El poder judicial es también responsable de ello y debe centrarse en afrontar en democracia los nuevos retos que se presentan junto a sus funciones (justicia digital, mecanismos de prueba y blockchain, ciberseguridad, etc.).
El índice de percepción de la corrupción de Transparency International sitúa a España (posición 34) por detrás de Francia (posición 22) Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda (posición 1). Con un mayor índice de corrupción nos encontramos con Rusia (posición 136) o México (124). Este último inició en 2015 un proceso para cambiar íntegramente el marco legal que regula la anticorrupción en el país.
El Congreso creó un Sistema Nacional Anticorrupción como órgano de coordinación entre las autoridades federales con un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El legislador mexicano definió la corrupción como cualquier forma de cohecho, malversación, uso indebido de recursos públicos o de información, colusión, abuso de autoridad oficial, tráfico de influencias o encubrimiento de un conflicto de interés.
Directa y tradicional
Otro elemento del Estado de derecho es la democracia directa, cada vez más usual en la vida política, combinada con una democracia más tradicional (donde las decisiones procedían casi exclusivamente de los parlamentos legalmente constituidos con los votos de los ciudadanos). El resultado de la consulta popular directa puede ser un refrendo de decisiones importantes o todo un cambio popular.
El Brexit da buena cuenta de ello. En octubre de 2023 tendrá lugar el referéndum de independencia de Escocia, pues quiere unirse de nuevo al proyecto europeo.
La Unión Europea se preocupa por el Estado de derecho: es consciente de la necesidad de afrontar sólidamente los desafíos que cuestionen la integridad de sus miembros. Testigo de ello son los informes anuales presentados sobre la materia y su intención de vigilar la situación en su territorio.
El tercer informe de julio de 2022 se sitúa en el contexto de la invasión rusa a Ucrania y pone de relieve la necesidad de defender los valores democráticos que fundaron las entonces Comunidades Europeas. En la UE se combinan valores de paz y seguridad, con su apoyo económico al rearme de Ucrania. Y es que la seguridad y la defensa forman más que nunca parte de la democracia del siglo XXI.
Alfonso López de la Osa Escribano, Decano de la Facultad de Derecho y de Relaciones Internacionales Universidad Nebrija – Profesor Derecho público, administrativo y comparado, Universidad Nebrija
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
