En una polémica y contundente denuncia presentada ante los juzgados, un letrado que representa a varios enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) ha interpuesto acciones legales contra los miembros de la Mesa del Congreso pertenecientes al Grupo Socialista y Podemos.
La denuncia apunta directamente a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet Lamaña (Grupo Parlamentario Socialista), el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Grupo Socialista), la vicepresidenta tercera, Maria Gloria Elizo Serrano (GCUP-EG-GC), el secretario primero, Gerardo Pisarello Prados (GCUP-EG-GC), el secretario segundo, Sofia Hernanz Costa (Grupo Socialista) y el secretario tercero, Javier Sánchez Serna (GCUP-EG-GC).
El letrado acusa a estos miembros de la Mesa del Congreso de cometer un delito contemplado en el artículo 542 del Código Penal, el cual prohíbe el impedimento del ejercicio de derechos fundamentales establecidos en la Constitución, específicamente los artículos 14 (igualdad de los españoles), 15 (derecho a la vida y dignidad) y 43 (derecho a la salud).
Dicho artículo, dice lo siguiente: “Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes“.
Según la denuncia, los enfermos de ELA no están conformes con la mera opción de una eutanasia ni con la falta de atención adecuada que deja a las familias agotadas tanto física como económicamente. Consideran que esto no solo es injusto e inhumano, sino también contraproducente en un Estado Social y Democrático de Derecho, como se establece en el artículo 1 de la Constitución.
La denuncia se basa en un mandato unánime del Congreso de los Diputados desde el 8 de marzo de 2022, relacionado con la proposición de ley 122/000180 presentada por el Grupo Ciudadanos el 22 de noviembre de 2021. Sin embargo, entre estas dos fechas, el Gobierno no presentó ningún informe, aunque el reglamento del Congreso no lo requiriera expresamente.
Desde la votación del 8 de marzo, el Gobierno ha utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso para incumplir presuntamente el artículo 126, quinto ordinal, del Reglamento del Congreso, lo cual podría constituir un delito de prevaricación por parte de sus miembros. Han evitado abrir el trámite de enmiendas para luego proceder a la votación del texto legal definitivo, a pesar de las promesas realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Incluso si la denuncia no fuera admitida, se argumenta que se está incurriendo en una responsabilidad civil. La alarma social y el escándalo por el engaño sufrido con las 49 prórrogas en la tramitación de la Ley son indiscutibles, siendo el presidente Sánchez Castejón el máximo responsable desde el 8 de marzo de 2022. Políticos “sin alma” dieron esperanzas que no querían cumplir, pero al mismo tiempo no tomaron ninguna acción alternativa ni permitieron ningún avance para los enfermos de ELA.
Los clientes del letrado hacen un llamamiento para retomar la tramitación de la Ley después de haber sido abandonados a su suerte por el presidente al convocar elecciones. También se reserva la posibilidad de tomar acciones directas por parte de los afectados.
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