El Parlamento Europeo da luz verde a las negociaciones sobre la reforma eléctrica con los países de la UE

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El Parlamento Europeo ha dado un paso significativo hacia la reforma del mercado de la electricidad de la Unión Europea al aprobar su mandato para la negociación final con los Estados miembros. La votación en el pleno del hemiciclo comunitario resultó en 366 votos a favor, 186 en contra y 18 abstenciones.

La comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, elogió el trabajo realizado para obtener un texto “equilibrado” y agradeció al ponente del expediente, el español Nicolás González Casares (PSOE), por su contribución. Simpson destacó que continuará colaborando estrechamente con la presidencia española del Consejo de la UE para finalizar la posición del Consejo y concluir las negociaciones durante el presente año.

La reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea se gestó en respuesta a la crisis de precios del gas y su impacto en el mercado eléctrico en los últimos dos años. Su objetivo principal es adaptar el mercado a la era de las energías renovables, promoviendo contratos estables y a largo plazo con precios asequibles para garantizar la seguridad del suministro y estimular las inversiones en tecnologías verdes.

El Parlamento Europeo mantiene la petición de establecer un tope de ingresos a las tecnologías marginalistas de 180 euros/MWh en caso de una crisis de precios profunda y prolongada, como las experimentadas en 2021 y 2022. Además, el texto también insta a los países de la UE a prohibir la desconexión de clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética, entre otros aspectos.

Por su parte, los Estados miembros están evaluando la propuesta presentada por la presidencia española del Consejo de la UE el pasado lunes. Esta propuesta tiene como objetivo acercar a los bloques liderados por Francia y Alemania, que mantienen diferencias en cuanto a la financiación de las centrales nucleares.

El borrador de la propuesta se centra en los aspectos donde persisten las discrepancias, particularmente en lo que respecta a los Contratos por Diferencia (CFD), que se utilizan para acordar precios fijos de compraventa de electricidad en un período determinado. El conflicto principal gira en torno a si estos contratos se aplicarán a las centrales nucleares ya existentes que extiendan su vida útil o amplíen su capacidad.

Fuentes relacionadas con la propuesta destacan su carácter “equilibrado”, ya que preserva la autonomía de los Estados miembros para seleccionar su combinación energética dentro de los objetivos europeos, al tiempo que introduce controles para evitar distorsiones en el mercado. El borrador detalla las condiciones para los CFD sin licitación pública y establece un esquema de remuneración a los consumidores, especialmente a las empresas, basado en su consumo total sin perjudicar la competencia entre proveedores. Además, permite que las instalaciones de energía renovable a pequeña escala estén exentas de ciertas regulaciones.

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