En una decisión tomada este jueves, el Gobierno de Andalucía ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda, alegando una invasión de competencias autonómicas. El Consejo Consultivo ha dado su dictamen favorable, respaldando la medida que también coincide con la opinión de los servicios jurídicos de la Junta.
La determinación se tomó durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta celebrada esta tarde. Según explicó Ramón Fernández-Pacheco, portavoz del Ejecutivo, la ley de vivienda se considera invasiva en lo que respecta a las competencias “exclusivas” en materia de vivienda, que están contempladas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
El recurso presentado por la Junta será dirigido al Tribunal Constitucional y afectará a 16 artículos y cuatro disposiciones de la mencionada ley de vivienda. La argumentación principal del Ejecutivo autonómico es que el Estado “no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda, tal y como se ha pronunciado de forma reiterada el Tribunal Constitucional”.
Entre los puntos impugnados se encuentran las disposiciones relacionadas con el concepto de vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor y parque público. La Junta considera que estos aspectos han excedido los límites marcados por el artículo 3, que establece las definiciones de dichos conceptos, así como su desarrollo posterior en varios artículos y en la Disposición Transitoria Primera.
El portavoz del gobierno andaluz sostiene que la regulación en estos artículos es tan detallada y completa que no deja espacio para la legislación autonómica, que es la competente en esta materia. Se señala como ejemplo el caso de la vivienda protegida, donde se recogen asuntos que ya están regulados por la administración autonómica, como la duración de la calificación o los requisitos para ser adjudicatario.
También se impugnan los artículos relacionados con la regulación de los derechos y deberes de los propietarios de viviendas y su estatuto jurídico, ya que, según Fernández-Pacheco, dicha regulación está en competencia de la comunidad autónoma, según la jurisprudencia establecida.
Además, la ley estatal incluye la regulación para declarar zonas tensionadas, lo que, según la Junta, constituye una “invasión directa” de las competencias exclusivas de la autonomía en materia de vivienda y del derecho de propiedad.
Con esta decisión, el Gobierno de Andalucía busca proteger su ámbito competencial en materia de vivienda y defender su autonomía en la regulación de aspectos clave para la comunidad. La controversia entre las competencias autonómicas y estatales en este ámbito sigue siendo un tema relevante en la política española, y el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional marcará un nuevo capítulo en este debate.
¿Qué te ha parecido este artículo?
¿Has visto un error de redacción o tienes alguna sugerencia?
