La polémica sobre las listas de Bildu para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo ha vuelto a poner en el foco el artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP), que establece los criterios para declarar la ilegalidad de un partido político cuando su actividad vulnere los principios democráticos. Según la denuncia presentada por la asociación de víctimas del terrorismo Covite, al menos 44 candidatos de Bildu tienen vínculos con ETA o con organizaciones ilegalizadas por su relación con la banda terrorista, y siete de ellos han sido condenados por delitos de sangre.
El artículo 9.2 de la LOPP fue introducido en 2002 como una reforma de la anterior ley de partidos de 1978, con el objetivo de combatir el entramado político de ETA y evitar que sus brazos políticos se presentaran a las elecciones bajo distintas siglas. La reforma contó con el apoyo del PP y del PSOE, y fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2003. Según este precepto, un partido será declarado ilegal cuando persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático mediante alguna de las siguientes conductas:
- Apoyar o complementar la acción violenta de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines.
- Justificar o exculpar las acciones violentas y a sus autores o partícipes.
- Excluir o discriminar a las personas por razón de su ideología, creencias o circunstancias personales o sociales.
- Integrarse o apoyarse mutuamente con organizaciones terroristas o que actúen como instrumentos de las mismas.
La aplicación del artículo 9.2 ha supuesto la ilegalización de varios partidos políticos vinculados al entorno etarra, como Batasuna, Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Acción Nacionalista Vasca o Demokrazia 3 Milioi. Sin embargo, también ha generado controversia y críticas por parte de algunos sectores políticos y sociales que consideran que se vulnera el derecho fundamental a la participación política y que se criminaliza a todo el espectro político independentista vasco.
En el caso de Bildu, la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Sortu, el Tribunal Supremo ordenó su ilegalización en abril de 2011 al considerar que era una continuación encubierta de Batasuna y que no había roto con ETA. Sin embargo, el Tribunal Constitucional revocó esta decisión unos días después al estimar que no había pruebas suficientes para demostrar su connivencia con la violencia terrorista. Desde entonces, Bildu ha participado en varias convocatorias electorales y ha obtenido representación en diversas instituciones vascas y navarras.
La nueva denuncia de Covite pretende reabrir el debate sobre la legalidad de Bildu y poner en evidencia sus supuestos vínculos con ETA. Según esta asociación, entre los candidatos de Bildu hay ex miembros de ETA que han cumplido condena por asesinatos, secuestros o extorsiones; ex dirigentes o militantes de partidos ilegalizados; personas que han participado en homenajes a etarras; o personas que han sido investigadas o procesadas por colaboración con ETA. Covite considera que estas candidaturas suponen una humillación para las víctimas del terrorismo y una burla a la democracia.
Sin embargo, Bildu ha rechazado estas acusaciones y ha defendido la legitimidad y legalidad de sus listas electorales. La coalición ha afirmado que respeta los derechos humanos y que apuesta por la paz y la convivencia en Euskadi. Asimismo, ha señalado que muchos de los candidatos señalados por Covite han sido absueltos o sobreseídos por la justicia, o que simplemente han ejercido su derecho a la libertad
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