El Partido Popular ha presentado una solicitud de recusación ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 219 de la Ley del Poder Judicial, así como en la ausencia de apariencia de imparcialidad, en relación a la magistrada Laura Díez, quien está a cargo del caso relacionado con el voto exterior en Madrid.
Según la información publicada de diversos medios de comunicación, Laura Díez ha sido designada ponente en este caso y ha respaldado la ponencia que favorece la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por el PSOE.
El Partido Popular argumenta la falta de imparcialidad objetiva debido a que Laura Díez ocupó un cargo relevante en el Gobierno del PSOE, trabajando bajo las directrices de Carmen Calvo y Félix Bolaños desde el 4 de febrero de 2020 hasta el 26 de abril de 2022. Además, su nombramiento como magistrada en el Tribunal Constitucional fue realizado por el propio Gobierno de Pedro Sánchez, de manera similar al exministro Juan Carlos Campo. En este contexto, el PP sostiene que estos factores objetivos pueden generar dudas sobre su imparcialidad y su posible inclinación a favorecer los intereses del PSOE y del Ministro Bolaños.
El PP recuerda que el artículo 159.5 de la Constitución Española establece que “los miembros del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato”, y la Ley Orgánica del Poder Judicial señala como causa de abstención y recusación el “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”.
Asimismo, el PP hace referencia a las numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han enfatizado la importancia de la apariencia de imparcialidad en el sistema judicial.
Por último, se subraya que tanto la Constitución Española, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Universal de Derechos Humanos garantizan el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, cuyos miembros no tengan intereses coincidentes con las partes involucradas en el proceso. Esta solicitud de recusación plantea cuestiones fundamentales relacionadas con la integridad del sistema judicial y la confianza en su imparcialidad.
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