La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una solicitud para llevar a juicio a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por delitos relacionados con terrorismo. Según informa El Mundo, el Ministerio Público ha remitido esta petición a la Audiencia Nacional después de que el juez instructor, Manuel García Castellón, decidiera cerrar la investigación por segunda vez el pasado mes de abril, procesando a estos 12 individuos por terrorismo. Se sospecha que formaban parte de un grupo radical dentro de los CDR dispuesto a utilizar la violencia para lograr la independencia de Cataluña.
La fiscalía solicita que Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado sean llevados a juicio por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito o fabricación de explosivos y estragos, este último en grado de tentativa.
En cuanto a los otros procesados, el Ministerio Fiscal señala a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.
El juez García Castellón había procesado a los detenidos en la denominada ‘Operación Judas’ por primera vez en septiembre de 2021. Sin embargo, la Sala de lo Penal le ordenó reabrir la investigación para realizar las diligencias solicitadas por algunos de los investigados.
Una vez concluidas las diligencias, el juez volvió a cerrar la instrucción y envió el sumario a la Sala de lo Penal para que proceda al juicio. Originalmente, eran 13 los procesados, pero el juez archivó la causa de uno de ellos por razones médicas, por lo que el proceso continuó con los otros doce.
En el auto de procesamiento, el juez explicó que este grupo formaba parte de un equipo radical dentro de los CDR conocido como Equipo de Respuesta Táctica (ERT). Esta célula estaba compuesta por individuos radicalizados procedentes de diferentes CDR y se creó para llevar a cabo acciones violentas en nombre de “la causa”.
Según la versión judicial, los miembros del ERT habrían participado activamente en algunas de las acciones más contundentes llevadas a cabo por los CDR, como cortar carreteras, levantar barreras de peaje o verter aceite en una carretera por donde debía pasar una comitiva que transportaba a los condenados por el ‘procés’ desde la cárcel de Lledoners.
Además, se sospecha que tenían planes ambiciosos. Se les habría encomendado la tarea de ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana. Se espera que pudieran acceder por la puerta principal, ya que supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y establecer una red de comunicaciones indetectable con el exterior.
Junto con un pequeño grupo de personas, colaborarían con el llamado ‘CNI catalán’ para alquilar casas y locales que les permitirían establecer bases de operaciones, instalando antenas de largo alcance para su red de comunicaciones.
