El Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha devuelto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Alcorcón las diligencias para determinar si la exasesora de Unidas podemos Dina Bousselham cometió un delito de denuncia falsa cuando amplió su denuncia por el robo en 2015 del teléfono móvil que guardaba información privada que se publico en la prensa.
Fue el pasado mes de septiembre cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, se dirigió a los juzgados de Madrid y de Alcorcón para determinar si había indicios para investigar a Bousselham y a su pareja, Ricardo Sa Ferreira. Lo hizo a petición de la Asociación de Juristas Europeos ProLege para determinar si había cometido un delito de falso testimonio en sus declaraciones o de denuncia falsa.
El juez de Alcorcón Agustín Carretero acordó devolver el caso a la Audiencia Nacional al concluir que si se deduce que Bousselham debía “ser objeto de un único procedimiento que debe conocer el Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno le corresponda”, ya que dichos juzgados se encargan de investigar el presunto delito de falso testimonio que conlleva una pena mayor al supuesto delito de falsa denuncia.
Por otro lado, Bousselham declaró en calidad de testigo, por lo que jurídicamente está obligada por ley a decir la verdad, en el marco de la piez 10 del ‘caso Villarejo’, donde se investiga el recorrido que tuvo su tarjeta telefónica desde que le sustrajeron el teléfono móvil en 2015 hasta que parte de la información apareció publicada en varios medios de comunicación.
Manuel García Castellón había alertado de las contradicciones que apreció en las declaraciones de Bousselham y Sa Ferreira en una exposición razonada que elevó a la Sala Penal del Tribunal Supremo el 7 de octubre de 2020. Además, el juez vio indicios de investigar a la exasesora de UP porque creía que cuando amplió su denuncia en Alcorcón, sabía que los archivos publicados en la prensa habían podido ser difundidos por ella a terceras personas. Así, el magistrado avisó de una presunta “estrategia procesal fraudulenta, ideada por la dirección de Podemos e instrumentalizada a través de los servicios jurídicos del mismo”.
