El pasado febrero se produjo un intento de secuestro de la concejal socialista de Maracena (Granada), Vanessa Romero, por parte de la pareja de la alcaldesa del municipio, Berta Linares. El hecho causó una gran conmoción en la localidad y en el ámbito político, y ahora ha salpicado al secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López, que fue alcalde de Maracena entre 2007 y 2019.
El Juzgado de Instrucción 5 de Granada, que lleva el caso, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que cite como investigado (antigua figura de imputado) a López, al considerarlo posible inductor del secuestro. El juez ha levantado el secreto de sumario y ha enviado un escrito al TSJA al ser López aforado por su condición de diputado autonómico.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso RTVE, existen indicios racionales de criminalidad contra López por un presunto delito de detención ilegal en grado de tentativa. El juez basa su petición en las declaraciones de los testigos y los imputados, así como en las grabaciones telefónicas intervenidas.
Entre los imputados se encuentran la propia alcaldesa de Maracena, Berta Linares; el concejal de Urbanismo, Antonio Garrido; y el autor material del secuestro, José Manuel Rivas, pareja sentimental de Linares. Según el relato de los hechos, Rivas abordó a Romero cuando salía de su casa y trató de introducirla a la fuerza en un coche. La concejal logró zafarse y pedir ayuda a unos vecinos que llamaron a la policía.
La víctima denunció que el móvil del secuestro era político y que se debía a su intención de presentarse como candidata alternativa a Linares en las primarias del PSOE para las elecciones municipales. Romero aseguró que había recibido presiones y amenazas para que retirara su candidatura y que tanto Linares como López estaban detrás de ellas.
Los imputados han negado su participación en el secuestro y han atribuido el hecho a un conflicto personal entre Rivas y Romero. Sin embargo, el juez considera que hay elementos suficientes para sospechar que se trató de una acción planificada y coordinada por varias personas vinculadas al PSOE local.
El caso ha provocado una crisis interna en el PSOE andaluz, que ha suspendido cautelarmente de militancia a los implicados y ha pedido respeto a la presunción de inocencia. El secretario general del partido y presidente de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha expresado su «máximo respeto» a la decisión judicial y ha anunciado que se personará como acusación particular en la causa si se confirma la imputación de López.
