El juez del caso Titella cita hasta 77 imputados identificados por la Policía como presuntos colaboradores o testaferros de la trama

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17/02/2022 José Luis Moreno a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en la Operación Titella, a 17 de febrero de 2022, en Madrid (España). POLITICA Ángel Díaz Briñas - Europa Press

El caso Titella, donde se investiga al famoso productor José Luis Moreno por delitos como estafa u organización criminal, se reactiva en pleno mes de agosto con la citación de hasta 77 imputados, identificados por la Policía como supuestos colaboradores o posibles testaferros de la trama.

Continúan así las pesquisas de un caso que motivó la detención del popular ventrílocuo en junio del año pasado, en el marco de la conocida como Operación Titella (marioneta en catalán), en la que se descubrió una supuesta trama que perseguía buscar «financiación de forma fraudulenta» de bancos e inversores privados.

El papel de José Luis Moreno consistiría, según los investigadores, en prestar «su nombre como tarjeta de visita» y ofrecer un supuesto proyecto audiovisual mientras otros maquillaban sociedades y las presentaban a los bancos. Un rol del que se desmarcó el propio productor cuando le tocó declarar en la Audiencia Nacional, donde negó ser «el capo de nada» o tener testaferros porque no los podría «soportar».

Ahora será el turno de más de 70 nuevos imputados, que acabaron investigados tras recibir el juez un oficio policial que identificaba a «colaboradores/autores» que formarían parte «del escalón más abajo de la organización» y posibles testaferros. También apuntaba a empleados de banca que podrían haber colaborado con la organización.

Todos ellos están citados a declarar ante el juez entre el 22 y el 30 de agosto -unas fechas muy inusuales en los tribunales para practicar interrogatorios-. Algunos de ellos, lo harán por videoconferencia. En el informe que derivó en su imputación, la Policía describía una operativa presuntamente utilizada por la organización consistente en «la utilización de empresas pantalla» administradas por testaferros que, en su mayoría, carecían de «actividad real».

Era, decían los agentes, «a todas luces fraudulenta» dado que la financiación «jamás era destinada a los fines para los que se concedió», si no que el «único objetivo era obtener financiación» que permitiera a José Luis Moreno y a otros imputados «continuar con su elevado tren de vida».

Además del productor, los investigadores siempre han situado al frente de la supuesta trama a los investigados Antonio Aguilera y Antonio Salazar. Los tres, según el informe, dirigieron un entramado empresarial de más de un centenar de sociedades, con ramificaciones internacionales, «valiéndose para ello de diferentes administradores testaferros, a los que pagaban una comisión».

Los investigadores distinguen entre quienes facilitaban información y realizaban las operativas bancarias que los «líderes de la organización» les pedían, «ya sea por negligencia o por falta de diligencia en sus funciones», y los que participaban «de forma activa y directa» en las mismas, percibiendo una remuneración, que podía ser «tanto en dinero como en especie, como teléfonos móviles de alta gama, TV, coches, estancias en hoteles y apartamentos». La Policía cree que la colaboración «necesaria e imprescindible» de empleados de entidades bancarias y de crédito es «otra pieza fundamental» en la trama.

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