El pasado martes, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) solicitó a la Fiscalía General del Estado que iniciara el procedimiento de ilegalización de EH Bildu, la coalición de partidos nacionalistas e independentistas vascos que se sitúa entre la izquierda y la extrema izquierda del espectro político. El motivo de esta petición era la presencia de 44 candidatos condenados por delitos de terrorismo relacionados con ETA en las listas electorales de EH Bildu para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.
Según JUCIL, esta situación vulnera la ley orgánica sobre partidos políticos, que establece que pueden ser declarados ilegales aquellos que apoyen o legitimen la violencia terrorista o que incluyan en sus órganos directivos o listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Además, la asociación reclamaba que los sueldos y salarios públicos que pudieran percibir estos candidatos si resultaran elegidos fueran destinados a la reparación de los daños a las víctimas de sus delitos.
Sin embargo, la Fiscalía General ha rechazado esta posibilidad en un informe firmado por la fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y por el Fiscal de Sala de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez. En dicho informe, se argumenta que EH Bildu constituye una formación política democrática que ha condenado expresamente el uso de la violencia como instrumento político y que ha reconocido el daño causado por ETA a las víctimas.
Asimismo, se señala que los candidatos con antecedentes penales por terrorismo han cumplido sus condenas y han sido rehabilitados legalmente para ejercer sus derechos políticos. Además, se indica que no existe una prueba fehaciente de que estos candidatos mantengan una vinculación orgánica o ideológica con ETA o con su entorno, ni que hayan participado en actos de exaltación o justificación del terrorismo.
Por tanto, la Fiscalía General considera que no se dan los requisitos legales para solicitar la ilegalización de EH Bildu ni para impugnar sus listas electorales. De hecho, recuerda que el Tribunal Constitucional ya avaló en 2012 la legalidad de esta coalición y de su antecesora Bildu, al entender que no eran una mera continuación o sucesión de Batasuna, el brazo político de ETA que fue ilegalizado en 2003.
En paralelo, Vox presentó una propuesta hace unos días para que el Congreso vote sobre la ilegalización de Bildu, al considerar que vulneran el artículo 9.2 de la Ley de Partidos Políticos de 2002 por incluir a condenados por terrorismo en sus listas electorales para el 28-M, 7 de ellos con delitos de sangre.
