El Tribunal Supremo ha imputado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, una figura clave del entorno de Pedro Sánchez, por un presunto delito de revelación de secretos. La imputación está relacionada con la publicación de una nota de prensa que desvelaba información confidencial sobre una investigación fiscal vinculada a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz, designado directamente por Sánchez, ha quedado en el centro de la polémica por esta decisión, que, según el Tribunal Supremo, excedió los límites de su función al divulgar datos que debían permanecer reservados. La investigación judicial se originó tras la querella presentada por la pareja de Ayuso, quien acusó a la Fiscalía de haber violado su derecho a la privacidad al hacer públicos detalles de su situación legal.
El propio García Ortiz ha admitido que fue él quien autorizó la publicación de dicha nota, justificando su acción en la necesidad de frenar la propagación de lo que consideraba una noticia falsa. Sin embargo, el Tribunal ha determinado que la divulgación de esos datos vulneraba derechos fundamentales y ha decidido proceder con la investigación del caso.
