La Audiencia Nacional ha condenado al Estado al pago de una indemnización de 3.000 euros a una mujer de Córdoba que fue detenida por la Policía y que denunció lesiones causadas por los agentes a raíz de una decisión del Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas (ONU) que apreció indicios razonables de trato cruel, inhumano y degradante.
En una sentencia del pasado 27 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que esa resolución apunta que España ha incumplido su obligación de asegurar asistencia médica a la reclamante y una reparación plena y adecuada por los sufrimientos causados, incluidas medidas de indemnización por los daños materiales y morales y medidas de rehabilitación.
La mujer afectada formuló queja ante el CAT una vez que los tribunales españoles, por la vía de la penal, archivaron su denuncia. Este organismo consideró en una decisión del pasado 15 de enero de 2020 que había sido víctima de tratos inhumanos, crueles y degradantes y que el Estado español debía proporcionarle una reparación plena y adecuada por los daños causados.
Fue entonces cuando la reclamante se dirigió al Ministerio del Interior para ser resarcida por los daños sufridos durante su detención, el 27 de enero de 2013 en Córdoba, y formuló reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado contra la resolución desestimatoria de la Administración por silencio administrativo del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska.
Ahora, y al no constar que haya tenido lugar tal reparación, la Sala señala que uno de los posibles mecanismos de reparación de los daños causados puede ser el de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración.
«Se mantiene y se perpetúa la vulneración de derechos»
Especialmente, dado que el dictamen del CAT puede ser el presupuesto habilitante para formular la reclamación patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la administración como último cauce para obtener la reparación.
