Sociedad Civil Catalana ha presentado una denuncia ante la sala segunda del Tribunal Supremo de España en contra de la vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La denuncia alega que Díaz “ha faltado a la obligación de su cargo y ha dejado intencionadamente de promover la persecución de los delitos de los que tiene noticia o de sus responsables”. Esta acción legal se basa en una reunión mantenida entre Yolanda Díaz y el prófugo Carles Puigdemont, con la participación del exdiputado de Podemos, Jaume Asens, y Toni Comín, también fugitivo de la justicia en relación al intento de secesión de Cataluña en 2017.
Según la entidad constitucionalista, la excusa de que Yolanda Díaz no asistió a la reunión en calidad de vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, sino como líder de Sumar, es “fraudulenta”, ya que prevalece siempre el cargo institucional de un dirigente político. De acuerdo con SCC, Yolanda Díaz podría haber incurrido en el delito establecido en el artículo 408 del Código Penal, que establece que “la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de los que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de seis meses a dos años”.
En un comunicado emitido el viernes, Sociedad Civil Catalana argumenta que es evidente que Yolanda Díaz, en su capacidad como vicepresidenta del Gobierno de España, participó en la reunión con Carles Puigdemont para abordar asuntos relacionados con la investidura del presidente del Gobierno y para negociar con quien fue el presidente de la Generalidad durante el desafío al marco constitucional, acciones que según la organización atentan contra los intereses de España y del Estado de Derecho. La entidad también señala que, dado que Yolanda Díaz no fue destituida de su cargo a pesar de hacer pública su participación en este encuentro, esto demuestra que se trató de una representación oficial del Ejecutivo en funciones.
La denuncia presentada en el Tribunal Supremo argumenta que “la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no puede desprenderse de su cargo a voluntad y alegar que solo intervino como líder de Sumar, trató asuntos de Estado con un prófugo de la Justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez”. La entidad considera que esto va en contra de los intereses de España y del respeto que se espera de un cargo público de alto nivel.
SCC sostiene que la conducta de Yolanda Díaz es sin precedentes en la historia reciente y que “ha legitimado a un prófugo de la Justicia que ha utilizado todos los medios a su alcance para desprestigiar la imagen internacional de España”. Además, apunta que ha respaldado exigencias que son inconstitucionales.
La entidad también critica que esta reunión “promocionada con toda la pompa y trascendencia posible” entre la vicepresidenta del Gobierno de España y un prófugo de la justicia que ha atentado contra la integridad territorial de España, evidencia una falta de respeto hacia el cargo que ocupa Yolanda Díaz.
SCC enfatiza que, aunque el artículo 408 del Código Penal se ha aplicado tradicionalmente a funcionarios o autoridades cuya obligación directa es perseguir delitos, en este caso, la omisión de la señora Díaz también se ajusta a este tipo penal, ya que el deber de promover la persecución de delitos está incluido en las funciones del Gobierno.
En su comunicado, SCC expresa que la conducta de Yolanda Díaz atenta frontalmente contra el interés general de todos los españoles, contra la legislación vigente y contra las resoluciones judiciales existentes. También critica que esta acción proyecta una imagen lamentable de España en el exterior.
Sociedad Civil Catalana también es acusación particular en el Tribunal de Cuentas en relación con la malversación de fondos públicos en la promoción del proceso separatista. En esta causa, están acusados una treintena de dirigentes catalanes, incluyendo a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, así como a Artur Mas y exconsejeros y altos cargos de la administración autonómica.
