El Tribunal Supremo ha confirmado la aplicación retroactiva de la ley del solo sí es sí a las condenas firmes por delitos sexuales, lo que supone una rebaja de penas para algunos agresores. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre los efectos de la norma y su impacto en la protección de las víctimas.
La ley del solo sí es sí, aprobada en agosto de 2022 y en vigor desde octubre del mismo año, es una reforma legal impulsada por el Gobierno de coalición que pretende garantizar la libertad sexual de las personas y prevenir y sancionar la violencia sexual. Su principal novedad es introducir el consentimiento como criterio clave para determinar si hay o no agresión sexual, eliminando la distinción entre abuso y violación que existía anteriormente. Así, cualquier acto sexual sin consentimiento expreso se considera una agresión y se castiga con diferentes penas según la gravedad del caso.
La ley también refuerza las medidas de protección y atención a las víctimas, que pueden acceder a recursos públicos aunque no presenten denuncia. Además, crea un sistema de coordinación entre las administraciones para garantizar una respuesta integral e incorpora medidas educativas y de sensibilización para promover una cultura del respeto y el consentimiento.
Sin embargo, la ley también ha generado polémica y críticas desde diversos sectores. Algunos juristas consideran que vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, al exigir al acusado que demuestre que hubo consentimiento y al establecer penas más duras para los hombres que para las mujeres en algunos casos. Otros cuestionan la retroactividad de la norma, que supone aplicar una ley más favorable al reo a las condenas firmes por delitos sexuales anteriores a su entrada en vigor.
Esta retroactividad ha provocado que algunos condenados por violación hayan visto reducida su pena o incluso hayan salido de prisión. El Tribunal Supremo ha avalado esta revisión de condenas al entender que se trata de un derecho fundamental reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por el Gobierno, que considera que es una mala noticia para las víctimas y que desvirtúa el espíritu de la ley. También ha generado el rechazo de colectivos feministas y de algunas asociaciones de jueces y fiscales, que ven un riesgo de impunidad y de desprotección.
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