En un municipio de algo más de 20.000 habitantes, se ha desatado un preocupante caso de acoso escolar que ha puesto en evidencia la negligencia de las autoridades educativas y ha dejado en entredicho la protección de los derechos de los estudiantes.
El pasado 26 de abril, la familia de Odei decidió interponer oficialmente una denuncia ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, este no ha sido el primer intento de la familia por buscar ayuda. En octubre de 2022, el centro educativo en el que estudia Odei activó un protocolo de intervención contra el acoso escolar, pero sorprendentemente, apenas semanas después, decidió cerrarlo sin ofrecer ninguna justificación clara.
Lo más alarmante de este caso es la actitud negligente y preocupante de las autoridades del centro educativo. En varias ocasiones, la jefatura de estudios amenazó a la madre de Odei con activar el protocolo de absentismo escolar, alegando que la consecuencia de este podría ser «la declaración de desamparo del menor». Estas amenazas injustificadas no solo son inaceptables, sino que también reflejan una falta de comprensión y apoyo hacia la familia en un momento de extrema vulnerabilidad.
Además, la madre de Odei ha tenido que lidiar con múltiples obstáculos para poder obtener información sobre el bienestar de su hijo. A pesar de sus constantes intentos de reunirse con el centro educativo, semanas enteras pasaron sin que se le diera la oportunidad de conocer de primera mano cómo se encontraba su hijo. La comunicación se limitaba a correos electrónicos, dejando a la madre con una sensación de desamparo constante.
La falta de comunicación por parte del centro educativo y el Departamento de Educación es aún más preocupante. En las últimas semanas, ni el centro ni las autoridades educativas se han comunicado con la familia de Odei para abordar esta situación de acoso escolar. Esta falta de respuesta y apoyo agravada es una clara negligencia que no debería tolerarse en ningún contexto.
El acoso escolar es un problema serio que afecta a muchos niños y adolescentes en todo el mundo, y es responsabilidad de las instituciones educativas y las autoridades garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. En este caso en particular, es evidente que el sistema ha fallado en proteger a Odei y en brindar el apoyo necesario para hacer frente a esta situación.
Es imperativo que los responsables tomen conciencia de la gravedad del acoso escolar y actúen con celeridad y diligencia para proteger a los estudiantes y prevenir situaciones similares en el futuro. La comunidad educativa, los padres y madres, y la sociedad en general deben unirse para erradicar el acoso escolar y garantizar que todos los niños y jóvenes puedan desarrollarse en un entorno educativo seguro y saludable.
Más de 230.000 firmas para una ley contra el acoso escolar
Hace unos meses, José López, padre de Kira López, la niña de 15 años que se suicidó en 2021 tras sufrir acoso escolar durante años, presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados para impulsar una ley integral contra el acoso escolar.
La propuesta de ley de José López incluye la creación de un protocolo de actuación ante casos de acoso escolar, la formación específica del profesorado y del personal no docente, la dotación de recursos psicológicos y jurídicos para las víctimas y sus familias, la implicación de las familias y las asociaciones de padres y madres en la prevención y el seguimiento del acoso escolar, la sensibilización y la educación en valores de convivencia, respeto y diversidad en el ámbito escolar, y la tipificación del acoso escolar como delito en el Código Penal.
José López declaró que su objetivo es que ninguna otra familia tenga que pasar por el dolor y la impotencia que él y su esposa han vivido tras la pérdida de su hija. «Kira era una niña alegre, inteligente y creativa, que amaba la música y los animales. Pero desde que empezó el instituto, su vida se convirtió en un infierno. Sufría insultos, amenazas, agresiones físicas y ciberacoso por parte de un grupo de compañeros que la humillaban y la aislaban. Nosotros intentamos ayudarla, hablamos con el centro, con los profesores, con los padres de los acosadores, pero nadie hizo nada. Kira se sentía sola, triste y desesperada. Un día no pudo más y decidió quitarse la vida. No queremos que esto vuelva a ocurrir. Queremos justicia para Kira y para todas las víctimas de acoso escolar. Por eso hemos presentado esta ILP, para que se apruebe una ley que proteja a los niños y niñas que sufren esta lacra social», afirmó José López.
