La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta sobre la desaparición de Nira Atikulkawin, una bebé de un año, en Los Llanos de Aridane, La Palma. La pequeña fue vista por última vez el pasado 17 de mayo y todo apunta a que se trata de un caso de sustracción parental por parte de su madre .
Según fuentes de la Guardia Civil, la madre y la niña están localizadas y se encuentran fuera del territorio nacional. Sin embargo, no se ha facilitado más información sobre su paradero ni sobre las medidas que se están tomando para garantizar el retorno de la menor.
Los casos de secuestro parental han aumentado en los últimos años en España, especialmente desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y agosto de 2022 se registraron 283 casos, incluyendo 14 en el extranjero. Estas cifras suponen un incremento respecto a los años anteriores: en 2019 se abrieron 369 diligencias y en 2016 fueron 262.
El secuestro parental se produce cuando uno de los progenitores traslada a un menor sin el consentimiento del otro o sin autorización judicial, vulnerando así el derecho de custodia o visitas. Se trata de una forma de violencia contra los niños y niñas que sufren las consecuencias psicológicas y emocionales de la separación forzosa de uno de sus padres.
¿Qué hacer ante un secuestro parental?
Ante la sospecha o la certeza de que se ha producido un secuestro parental, lo primero que hay que hacer es denunciar los hechos ante las autoridades competentes: la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado de guardia. Es importante aportar toda la información posible sobre el menor y el progenitor que lo ha sustraído, así como cualquier indicio sobre su posible destino.
Si el secuestro parental se ha producido dentro del territorio nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado activarán los protocolos de búsqueda y localización del menor y del progenitor sustractor. Además, se comunicará el caso al Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), que coordinará las actuaciones con las distintas administraciones y organismos implicados.
Si el secuestro parental se ha producido fuera del territorio nacional, el caso se complica debido a las diferencias legislativas y jurisdiccionales entre los países. En estos casos, es fundamental contar con la colaboración internacional y con los instrumentos legales existentes para facilitar el retorno del menor.
Uno de estos instrumentos es el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, que tiene como objetivo garantizar la restitución inmediata de los niños y niñas trasladados o retenidos ilícitamente en cualquier Estado contratante. España forma parte de este convenio desde 1987 y cuenta con una Autoridad Central encargada de tramitar las solicitudes de restitución.
Otro instrumento es el Reglamento Bruselas II bis, que regula los conflictos familiares transfronterizos dentro de la Unión Europea. Este reglamento establece que el Estado miembro donde residía habitualmente el menor antes del traslado o retención ilícita es el competente para resolver sobre su custodia. Además, prevé mecanismos para agilizar el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros.
En cualquier caso, es recomendable contar con el asesoramiento legal especializado y con el apoyo psicológico necesario para afrontar esta situación tan difícil. También es importante mantenerse en contacto con las autoridades y con las asociaciones que trabajan en favor de las personas desaparecidas, como SOS Desaparecidos o Inter-SOS.
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