El pasado viernes, el Boletín Oficial de la Provincia publicó la Ordenanza Municipal para la lucha contra la prostitución y trata con fines de explotación sexual en la ciudad de León. Tras ser aprobada por 23 votos a favor en el pleno del 25 de junio, la normativa busca erradicar la prostitución y proteger los derechos de las víctimas. Sin embargo, se ha generado controversia debido a sus sanciones y exclusiones.
La ordenanza establece multas de 100 a 3.000 euros para aquellos que sean sorprendidos favoreciendo o promoviendo el consumo de prostitución o explotación sexual en espacios públicos. Aunque inicialmente se consideraron multas de 500 a 3,000 euros, tras la admisión de diversas alegaciones se realizó esta modificación.
Cabe destacar que la normativa no penalizará a las mujeres que se encuentren en situación de prostitución, enfocándose exclusivamente en los puteros. Además, se rechazó la alegación del Partido Popular para agravar las sanciones en caso de prostitución con menores, ya que esta situación ya se encuentra castigada por el Código Penal.
La Ordenanza, que será aplicada por la Policía Municipal, busca defender y proteger a las víctimas de prostitución y explotación sexual, garantizando la convivencia en los espacios públicos para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos libremente.
Aunque se han presentado algunas críticas, como la pretensión de Amnistía Internacional de paralizar la ordenanza por considerar que podría aumentar la discriminación y la estigmatización, el Ayuntamiento de León insiste en que esta medida cumple sus compromisos al adherirse a la Red de Ciudades Libres de Prostitución y Trata en 2020.
La ordenanza, pionera en Castilla y León, abarca los espacios y edificios públicos del municipio de León, pero no incluye aquellos de carácter privado como burdeles y pisos.
El artículo 19 de la ordenanza deja claro que las mujeres en situación de prostitución no serán sancionadas, excepto si incurren en conductas delictivas. Sin embargo, esta disposición ha sido criticada por algunas asociaciones, argumentando que ya está contemplada en otras normas y que puede revictimizar a las personas en esta situación vulnerable.
El proceso para que la ordenanza entre en vigor implica la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tras lo cual el Ayuntamiento de León deberá comunicar el acuerdo a la Junta de Castilla y León o al Estado, quienes lo publicarán en el BOCYL o el BOE. A partir de ese momento, la normativa comenzará a aplicarse 15 días después.
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