Los eurodiputados visitarán colegios, afectados por la inmersión, jueces y autoridades en su misión en diciembre a Cataluña

La comisión de Peticiones del PE aprueba una agenda para diciembre, para que los diputados conozcan de primera mano la discriminación del español y sus consecuencias educativas.

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La misión del Parlamento Europeo a Cataluña del próximo diciembre para conocer la realidad del español en la educación llevará a los eurodiputados a dos centros educativos y a entrevistarse con las autoridades de la Generalitat, el Síndic de Greuges, miembros del TSJ de Cataluña, familias de peticionarios en la Comisión y responsables de la inspección y del sector educativo de esta comunidad, entre el lunes 18 y el martes 19 de diciembre.

Así figura en el calendario de trabajo aprobado por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara este martes sobre esta misión “histórica”, en palabras de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagaza. Tras años de trabajo por parte de las asociaciones, esta misión se lanzó en febrero de 2022 en la Comisión de Peticiones, que había recibido la denuncia por discriminación presentada por varias organizaciones de afectados como Asamblea por una Escuela Bilingüe, y logró que fuera aprobada en octubre del mismo año.

“Después de tantos años de pelea, en que Ciudadanos ha estado apoyando a los colectivos peticionarios, vamos a poder ver la parte oscura del nacionalismo identitario en la educación, un modelo obligatorio de inmersión, y podremos pedir después que se cumpla la ley y que se tenga en cuenta sobre todo el interés del menor. Que por una vez quede claro que el menor es más importante que el nacionalismo y sus intereses políticos”, ha denunciado.

“Van a ponerse al descubierto las políticas de control social, de autocensura, de falta de libertad. Los derechos fundamentales en Cataluña están afectados”, ha denunciado. “Ojalá sea el principio del fin de un modelo de imposición y que genera fracaso educativo que no debería asumir la sociedad catalana. Necesitamos el talento de todos”, ha añadido.

El eurodiputado catalán Jordi Cañas ha mostrado su satisfacción por que el Parlamento pueda ver la realidad de Cataluña. “Europa va a ver para qué lleva 40 años el nacionalismo utilizando la educación y lo verán gracias al trabajo de las asociaciones, que en un contexto complicadísimo defienden el derecho de los alumnos a estudiar en catalán, castellano. No habrá intermediarios ni mentiras. Hay que desenmascarar el nacionalismo, que ha sido tan activo boicoteando esta misión. Dicen siempre: ‘Europa nos mira’. Pues ahora les va a mirar directamente allí, escuchando a las asociaciones, a padres, conociendo el coste para los alumnos de un modelo monolingüe”, ha añadido.

La agenda aprobada tiene que ser ahora confirmada con las organizaciones a las que los eurodiputados quieren visitar. El programa previsto incluye entrevistas con quienes llevaron la petición de ayuda al Parlamento: la Asamblea por una Escuela Bilingüe dirigida por Ana Losada y varias familias de niños que sufren discriminación. Los eurodiputados quieren visitar además dos colegios, uno de ellos de educación especial, y conocer el trabajo de la Fundación Bofill.

También quieren mantener encuentros con miembros de la judicatura, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, y de la Sala de lo Contencioso, Javier Aguayo.

La misión prevé igualmente entrevistarse con la consejera catalana de Educación, Anna Simó; el presidente del Consell Escolar de Catalunya (CEC), Jesús Viñas; el presidente del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE), Carles Vega Castellví (TBC); la directora de la Alta Inspección de Educación, Josefina Beltrán, así como con el Síndic de Greuges y el sindicato USTEC-STEs. Tras estos dos días de trabajo, los eurodiputados elaborarán un informe de conclusiones y recomendaciones.

En Cataluña existe una discriminación que atenta contra el multilingüismo, la ley y las sentencias judiciales, así como contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de UNICEF y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Esta discriminación es especialmente grave porque proviene de la Administración que tiene las competencias educativas y se produce ante la inacción del Gobierno del Estado.

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