Las empresas familiares del presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, han estado bajo escrutinio en varias ocasiones. En abril de 2021, el medio catalán Crónica Global publicó información acusando a la familia Aragonès de trasladar una empresa desde el paraíso fiscal de Curaçao a España. Según el medio, la compañía se llamaba Phedra Hotels Holding SL y fue registrada en el Registro Mercantil de Barcelona en 2013, estableciendo su sede en Pineda de Mar (Barcelona), el pueblo natal del presidente catalán.
Según la información proporcionada, se afirmaba que la familia gestionaba un total de siete hoteles de playa en Cataluña, todos ellos de cuatro estrellas. La red hotelera constaba de 1.930 habitaciones y se ubicaba en la Bahía de Tossa de Mar y el Mar Menuda (en la Costa Brava), el Taurus Aquapark Resort (en la costa de Barcelona) y el Port Salou, el Donaire Beach, el Costa Salou y el Avenida Family Suites (en la Costa Daurada).
Con la llegada de la pandemia de la COVID-19, la empresa, al igual que otros hoteles, se vio gravemente afectada. Todos los hoteles de la franquicia presentaron Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para su plantilla, que en ese momento constaba de 330 empleados. Según Crónica Global, las empresas registraron activos por valor de 90 millones de euros, pero una deuda total de 58 millones de euros. En el momento del traslado, la empresa contaba con activos de tres millones de euros y un patrimonio de 2,9 millones.
Los recursos mencionados se referían a inversiones financieras a largo plazo con paquetes de acciones de la empresa Jephotels, también registrada en Pineda de Mar. A su vez, esta sociedad era propietaria de la cadena Golden Hotels & Experiences a través de la empresa holandesa Euro Invest Holding. Además, ha sabido Diario de España, se sospechaba que las propiedades pudieron haber contado con la ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante nueve créditos bancarios respaldados con un importe de 7,1 millones de euros.
Por otro lado, el Hotel Golden Costa Salou, perteneciente a la cadena hotelera de los Aragonès, ha sido objeto de denuncia en los últimos meses debido a la construcción de una sexta planta que, según la acusación, excede los límites urbanísticos establecidos.
La denuncia, presentada por una supuesta infracción urbanística, fue recibida por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, lo que desencadenó una investigación sobre el caso. Agentes de la Guardia Civil se personaron a principios del año pasado en el Ayuntamiento de Salou para solicitar información precisa sobre los parámetros establecidos para la edificación del mencionado hotel.
Según fuentes oficiales, la construcción de la sexta planta se habría llevado a cabo en violación de las leyes y regulaciones urbanísticas. Como consecuencia de ello, las autoridades competentes realizaron una visita conjunta al Ayuntamiento en compañía de la Policía Judicial para recabar información adicional y verificar la veracidad de la denuncia presentada. Cabe destacar que el consistorio municipal, cercano a la figura de Pere Aragonès, confirmó en un principio el incumplimiento de los parámetros de construcción por parte del hotel. A pesar de la confirmación del incumplimiento normativo, el Golden Costa Salou ha logrado evitar, hasta el momento, la demolición de la sexta planta señalada.
Para sorpresas de algunos, recientemente, Diario de España ha tenido acceso a un parte médico de una extrabajadora de un hotel que no estaría dada de alta en la Seguridad Social. Según se informa, esta empleada sufrió un accidente laboral, pero debido a su falta de regularización en la oficina de la TGSS, no pudo acceder al seguro médico de la empresa. Como resultado, la trabajadora ha quedado con secuelas en una de sus piernas.
El alcalde de Santa Sussana, conocedor de los hechos
El alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, del partido político AIS (Ara i Sempre Santa Susanna), habría tenido conocimiento de este suceso. Uno de los empresarios vinculados al hotel de Santa Susanna tiene una relación problemática con uno de sus primos, propietario a su vez del hotel en Pineda de Mar.
“Los Mossos d’Esquadra tenían conocimiento de estos hechos. Sin embargo, no acudieron al lugar del accidente de la trabajadora, lo que impidió la realización del atestado“, revela una fuente cercana a Diario de España. En el caso de esta trabajadora, se esperaba que los Mossos d’Esquadra elaboraran el correspondiente atestado, ya que se trataba de un accidente con heridos de consideración.
Curiosamente, desde hace años, la trabajadora ha expresado públicamente su ideología y ha participado en eventos contrarios a la independencia de Cataluña. Este accidente ocurrió poco después de su contratación, aunque sin haber sido dada de alta en la TGSS.
Según lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un atestado policial tiene valor de denuncia y debe ser ratificado por las partes en un juicio rápido. Para que sea considerado un documento probatorio, deberá ser reiterado y ratificado ante un juez de guardia. Sin embargo, esta trabajadora no ha podido emprender acciones legales debido a la presunta negativa de los Mossos d’Esquadra a aceptar su denuncia, a pesar de que la documentación a la que el Diario de España ha tenido acceso puede corroborar los hechos.
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