Ciutadans (Cs) ha anunciado la presentación de una moción en todos los Ayuntamientos de España en los que tiene representación para rechazar la derogación del delito de sedición del Código Penal y rechazar también que se cambie el delito de malversación. El secretario de acción institucional de la formación liberal en Cataluña, Joan García, considera “absolutamente necesario” evitar la derogación del delito de sedición prevista por el PSOE y Unidas Podemos por cuanto esa supresión “debilita la protección de nuestros Estado Democrático y de Derecho, y ya hemos visto a Junqueras decir que eso ‘bajará el precio de volver a intentar’ dar otro golpe al Estado” como en 2017.
El también diputado autonómico ha tachado de “inadmisible” que el gobierno de la Nación esté negociando la derogación de este delito tipificado en el Código Penal “precisamente con las personas que fueron condenadas por ello e indultadas después por el actual gobierno y que además no solo no se arrepienten de haber roto la convivencia en Catalunya, celebrado un referéndum ilegal sin ninguna garantía y declarar unilateralmente la independencia, sino que amenazan con volver a hacerlo”. García ha recordado que la derogación propuesta por PSOE y UP busca una rebaja de penas por estos delitos “muy por debajo de las dictadas por el Tribunal Supremo contra los delincuentes del procés” que además beneficiaría a los aún fugados, como Carles Puigdemont.
El parlamentario naranja ha cuestionado los argumentos “falaces” esgrimidos por el Gobierno para justificar la derogación, tales como que el objeto de la medida es homologar el delito con el resto de países europeos. “Pues bien, en Alemania la alta traición se condena a entre 10 años y cadena perpetua, en Bélgica se pena de 20 a 30 años quien intente destruir o cambiar la forma de Gobierno, en Italia un mínimo de 12 años, en Portugal de 10 a 20 años y aquí PSOE y UP quieren que se pene a un máximo de 5 años, no veo la homologación por ningún lado”, ha señalado García. El político naranja tiene claro que el motivo de fondo de esta maniobra “es mantener en el poder a Pedro Sánchez” al precio de dejar “vendidos y desprotegidos” a los constitucionalistas en Cataluña.
Por otro lado, García ha cuestionado también que el Gobierno intente “legalizar la malversación” siempre y cuando los dirigentes políticos implicados no se hayan lucrado a título personal, pero hayan financiado con dinero público sus redes políticas privadas y clientelares “que solo buscan la perpetuación en el poder por tiempo indefinido, como ocurrió con los ERE del PSOE en Andalucía o la trama Gürtel del PP”. Es por ello que la moción que se presentará en los Ayuntamientos pide seguir manteniendo la misma pena para quien cometa estos delitos, con independencia si los fondos públicos se desvían para lucro personal o no. “Más que rebajas penales, lo que deberían recibir son condenas más graves sin posibilidad de indulto porque es un delito que se puede dar forma continuada”, ha finalizado.
