El Congreso celebrará el 25 de agosto una sesión extraordinaria para convalidar el plan de medidas de ahorro energético y otros dos decretos leyes

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La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , durante la sesión de Control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso, en un momento en el que el Gobierno intenta recabar apoyos para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma, en Madrid (España), a 13 de mayo de 2020. 13 MAYO 2020 CORONAVIRUS;COVID-19;ESTADO DE ALARMA;PANDEMIA;SESIÓN DE CONTROL;GOBIERNO (Foto de ARCHIVO) 13/5/2020

El Pleno del Congreso celebrará la próxima semana, el 25 de agosto, una sesión extraordinaria para convalidar el plan con las medidas de ahorro y otros dos decretos leyes, así como tres proyectos de ley que el Senado modificó el pasado mes de julio, entre ellos la ley de Ciencia y la de Libertad Sexual.

Fuentes parlamentarias han confirmado que el Gobierno ha pedido la celebración de ese Pleno, que tiene carácter extraordinario dado que la Constitución establece que los meses de julio y agosto están fuera del periodo ordinario de sesiones.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, será quien convoque la sesión plenaria para las nueve de la mañana del próximo jueves. Y conforme a la solicitud del Gobierno, en el orden del día figurará el debate y votación de los tres últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno, que aunque ya están en vigor, deben ser convalidados por el Congreso en el plazo de 30 días desde su publicación.

Entre ellos, el decreto ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, que incluye el plan de ahorro energético, cuyas primeras medidas se aplican desde la semana pasada. Este Pleno extraordinario servirá también para que sus señorías se pronuncien sobre el decreto que actualiza la legislación básica en materia de incendios forestales y que obliga a una planificación anual de prevención, aprobado a principios de mes, y sobre el que contiene el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, aprobado a finales de julio.

Enmiendas que el PSOE no contemplaba

Pero esa sesión no será sólo para convalidación de decretos, sino que también se aprovechará para aprobar definitivamente la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘sólo sí es sí’, la Ley Concursal y la Ley de Ciencia.

El Gobierno confiaba en que el Senado dejara aprobadas estas normas antes del paréntesis estival, pero en el Pleno que tuvo lugar la tercera semana de julio la Cámara Alta introdujo varias enmiendas y los textos tienen que volver al Congreso. La enmienda introducida a la ley promovida por el Ministerio de Igualdad llevaba la firma de Junts y salió adelante con los votos de PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros.

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Se trata de una adición al preámbulo de la ley para dejar claro que persigue «las violencias sexuales más ocultas» como forzar un aborto o una esterilización. El texto salió del Congreso mencionando como tales los «casos de aborto y esterilizaciones forzosas», pero Junts logró cambiarlo por «aborto y esterilizaciones forzosos» para especificar que el adjetivo debe abarcar a las dos prácticas y dejar claro que los abortos no forzados no pueden considerarse violencia.

La Ley Concursal, fuera de plazo

El Pleno del Senado tampoco pudo dar luz verde en julio a la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En este caso lo impidió la incorporación de una enmienda del PP, respaldada por ERC, Junts, PNV, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Vox.

A la Ley Concursal se han introdujeron tres enmiendas apoyadas por PP, ERC e Izquierda Confederal, Ciudadanos y parte del Grupo Mixto. Este proyecto normativo contempla reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables.

También tiene como objetivo la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia, un texto que debía haberse incorporado al ordenamiento jurídico español en julio de 2021. Ante la imposibilidad de cumplir ese plazo, el Gobierno solicitó una prórroga de otros doce meses, pero tampoco esta vez ha llegado a tiempo.

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