El pasado 28 de mayo se celebraron las elecciones municipales en España, en las que la coalición abertzale EH Bildu obtuvo 1.021 concejales en el País Vasco y Navarra. Entre ellos, había siete candidatos que habían sido condenados por atentados terroristas con víctimas mortales cuando pertenecían a ETA. Ante la polémica generada por su presencia en las listas electorales, estos siete exetarras anunciaron que renunciaban a ser concejales, en el caso de salir elegidos, para “contribuir a la paz y la convivencia” y para “no añadir dolor a quien ha sufrido” .
Sin embargo, dos de ellos resultaron elegidos en sus respectivos municipios: Jose Ramón Rojo González, alias Peio, en Oñati (Guipúzcoa), y Juan Carlos Arriaga Martínez, alias Txapela, en Zegama (Guipúzcoa). Ambos fueron condenados por el asesinato del guardia civil Antonio Ramos Ramírez en 1986. Rojo González fue el autor material del disparo que acabó con la vida del agente, mientras que Arriaga Martínez participó en el seguimiento previo y facilitó el arma utilizada.
Tras conocerse los resultados electorales, ambos reiteraron su compromiso de no tomar posesión de sus actas de concejal y comunicaron su decisión a la dirección de EH Bildu. El coordinador general de la formación, Arnaldo Otegi, aplaudió su gesto y lo calificó de “significativo e inequívoco” para demostrar la apuesta “por vías exclusivamente pacíficas y democráticas” de la izquierda abertzale. Asimismo, Otegi defendió que los demás candidatos de EH Bildu con antecedentes penales por terrorismo, pero sin delitos de sangre, sí podían ejercer como concejales al haber cumplido sus condenas y haberse integrado en la sociedad.
La renuncia de los dos ediles con delitos de sangre ha sido valorada positivamente por las asociaciones de víctimas del terrorismo, que habían denunciado la presencia de exetarras en las listas electorales como una “humillación” y una “ofensa” a la memoria de los asesinados por ETA. La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995, afirmó que se trataba de una “buena noticia”, aunque lamentó que hubiera sido necesaria una “presión social” para lograrla. Por su parte, el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, hija del presidente de la Diputación de Guipúzcoa Juan María Araluce asesinado por ETA en 1976, expresó su satisfacción por la renuncia de los dos exetarras, pero insistió en que EH Bildu debería pedir perdón a las víctimas y condenar la violencia de ETA.
La decisión de los dos ediles con delitos de sangre también ha sido acogida con alivio por el Gobierno central y por los partidos políticos que habían criticado duramente al PSOE por pactar con EH Bildu en algunas instituciones. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, calificó de “acertada” la renuncia de los dos exetarras y aseguró que su partido siempre defenderá “la dignidad y el respeto a las víctimas del terrorismo”. El líder del PP, Pablo Casado, celebró que se hubiera evitado el “escarnio” de que los asesinos de ETA ocuparan cargos públicos, pero reclamó al PSOE que rompiera sus acuerdos con EH Bildu y que impulsara la ilegalización de la formación abertzale. El presidente de Vox, Santiago Abascal, también se mostró satisfecho por la renuncia de los dos exetarras, pero advirtió de que era una “maniobra” de EH Bildu para “blanquear” su pasado terrorista y para “seguir chantajeando” al PSOE.
Los dos ediles con delitos de sangre que han renunciado a sus actas serán sustituidos por los siguientes candidatos de las listas de EH Bildu en sus respectivos municipios. En Oñati, el puesto de Jose Ramón Rojo González lo ocupará Aitor Arregi Etxeberria, mientras que en Zegama, el puesto de Juan Carlos Arriaga Martínez lo ocupará Iñaki Aranburu Etxeberria. Ambos tomarán posesión de sus cargos en los próximos días, una vez que se formalice la renuncia de los dos exetarras.
¿Has visto un error de redacción o tienes alguna sugerencia?
