El Pleno del Congreso ha acordado este jueves, con apoyo del PSOE, Unidas Podemos y sus habituales socios crear una nueva comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior que dirigió Jorge Fernández Díaz en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata del tercer órgano para investigar supuestas tramas parapoliciales que funcionará en la Cámara Baja y, en este caso concreto, hará pesquisas sobre la conocida como ‘Operación Cataluña’ y ampliará las llevadas a cabo en el curso anterior sobre la ‘Operación Kitchen’.
La iniciativa ha salido adelante con el voto en contra del PP, Vox, Ciudadanos, los dos diputados expulsados de UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias. El diputado del PP Alberto Casero, que con su error en otra votación telemática, como la de este jueves, salvó la aprobación en el Congreso de la reforma laboral, también ha errado en esta ocasión y ha votado a favor de la investigación.
A la solicitud inicial para que la Cámara volviera a investigar la ‘Operación Cataluña’, el PSOE presentó una enmienda, que ha sido aceptada, para que la nueva comisión abriera también pesquisas sobre otras actuaciones supuestamente irregulares orquestadas desde el ministerio, en colaboración con la llamada ‘policía patriótica’.
Así, la comisión finalmente tendrá por objeto “investigar las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales, así como su relación con posibles entramados privados o lobbies de presión, la posible intromisión en la soberanía de otros países y las conexiones de esta trama con la denominada ‘operación Cataluña'”.
El que fuera portavoz del PSOE en la ‘comisión Kitchen’, Felipe Sicilia, ha justificado esta enmienda en la necesidad de investigar los nuevos audios del excomisario José Manuel Villarejo que han salido a la luz en los últimos tiempos y que, a su juicio, “evidencian” que los elementos que actuaban “al margen de la ley y al servicio del PP” iban “mucho más allá de lo que se investigó en la comisión Kitchen”.
Implicación de Cospedal
“Esos audios son tan graves y evidentes que el juez que investiga el ‘caso Tándem’ ha abierto una nueva pieza para investigar esto, que implica de manera directísima a (la exsecretaria general del PP y exministra) María Dolores de Cospedal y a Fernández Díaz“, ha remarcado.
En ese sentido se ampliará la investigación propuesta en el pasado mes de junio por ERC, Junts, PdeCat, la CUP, Bildu y el BNG para que el Congreso analizase “la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada ‘Operación Cataluña’.
Estas formaciones solicitaron esta investigación tras conocerse que la justicia andorrana investiga al expresidente Mariano Rajoy y sus exministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por su presunta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de líderes políticos independentistas.
La vertiente catalana de la comisión pretende aclarar la actuación de los responsables políticos imputados por la justicia andorrana, así como la posible existencia de cualquier trama parapolicial al margen de la legislación y el control democrático en el seno de las instituciones del Estado y sus posibles vinculaciones con posibles entramados privados o lobbies de presión.
Durante el debate, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha acusado a los señalados por la Justicia andorrana de “no haber reparado en medios para perseguir” a los independentistas, de quien ha dicho que han estado “años sufriendo persecución, infiltraciones, espías”. Además ha expresado su deseo de que la comisión “tenga efectos” y ponga encima de la mesa “toda la vergüenza, falta de legitimidad y transparencia”.
Mientras, Genís Boadella, diputado del PDeCAT, ha reclamado que la comisión “vaya hasta el fondo”, mientras que Josep Pagès, de Junts, ha hecho hincapié en que las actuaciones en cuestión fueron “muy graves”. En referencia a la enmienda presentada por el PSOE, ha advertido de que no permitirán que la comisión “se instrumentalice” para generar noticias negativas del PP. “Si el PSOE cree que no va a salir salpicado se equivoca“, ha agregado.
Por EH Bildu, Jon Iñarritu ha considerado “las prácticas” del PP de “piratas y mafiosos”. “Creo que es beneficioso para una sociedad, por higiene democrática, saber qué ha ocurrido, cómo ocurrió y llegar a conclusiones que permitan medidas legislativas para evitar que vuelva a ocurrir algo así“, ha dicho.
En cuanto a Mikel Lagarda, del PNV, ha aludido a los “audios de la corrupción” del excomisario Villarejo y ha indicado que, a su juicio, la comisión da seguimiento a las de la policía patriótica y las del caso Kitchen.
El diputado de Unidas Podemos Jaume Asens también ha hablado de “mafia”, pero, a diferencia de esta, ellos “operan desde las estructuras del Estado, con recursos, funcionarios, dinero público y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. En esta línea, ha acusado al PP de “liderar” las cloacas del Estado y ha asegurado que la corrupción “forma parte de su ADN”.
Caza de brujas
Para el diputado del PP Luis Santamaría, la comisión pretende “deslegitimar al principal partido de la oposición” y plantea una “caza de brujas” y un “juicio sumarísimo” de los ‘populares’ con la vista puesta en obtener “rédito electoral”.
María Teresa López Álvarez, de Vox, también ha criticado la comisión y ha indicado que los atentados de ETA sin resolver sí merecen una. De forma paralela, ha tachado a los partidos proponentes de “formaciones pantalla de odio a España” y ha arremetido contra el Gobierno por “moverse sólo a golpe de chantaje de los filoterroritas”.
Por último, el diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra ha asegurado que, con la creación de la comisión, los partidos que la han planteado buscan “generar problemas a España” porque, cuantos más tenga, “están mejor”.
Ya se censuró a Fernández Díaz
El Congreso ya ha tenido dos comisiones de investigación sobre las llamadas ‘cloacas’ policiales en la etapa del primer Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy, una sobre la llamada ‘Operación Cataluña’ para espiar y desacreditar al independentismo catalán y la más reciente sobre la ‘Operación Kitchen’, el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle documentos comprometidos para el partido.
En ambos casos, y pese al voto en contra del PP, el Congreso ya ha sentenciado a los responsables políticos del ministerio de aquellos años.