El partido político VOX ha llevado su confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez a un nuevo nivel al presentar una querella ante el Tribunal Supremo. La acción legal está dirigida contra el presidente del Gobierno por presuntos delitos que incluyen cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del poder judicial, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Además, VOX reclama responsabilidad penal tanto para el PSOE como para Junts.
En su querella, VOX argumenta que los hechos denunciados tienen una extrema gravedad y urgencia para la supervivencia del ordenamiento jurídico y el Estado democrático surgido de la Constitución de 1978. Por ello, solicita una medida cautelar para suspender de inmediato la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, programada para los días 15 y 16 de noviembre.
El partido acusa a Sánchez de ser un presidente del Gobierno en funciones que, a cambio de votos para su investidura, ha aceptado realizar una serie de actos que atentan gravemente contra la cláusula del Estado de Derecho y los valores fundamentales del ordenamiento jurídico español, según lo establecido en la Constitución de 1978.
VOX detalla los supuestos ataques al Estado de Derecho y la Constitución perpetrados por el presidente en funciones:
- Fin de la separación de poderes y usurpación de la función constitucional de jueces y tribunales.
- Aprobación de una ley de amnistía inconstitucional que cuestiona la legitimidad del orden jurídico, penal y judicial.
- Poner fin a la igualdad ante la Ley y permitir discriminación por razones ideológicas o partidistas.
- Legitimar la comisión masiva de delitos contra el orden constitucional, las instituciones democráticas y la autoridad judicial y policial.
- Violar principios fundamentales como la seguridad jurídica, legalidad y la arbitrariedad de los poderes públicos.
- Menoscabar derechos como la tutela judicial efectiva y el derecho a un juez predeterminado por la ley.
Para VOX, estas acciones representan un delito de cohecho cometido por Sánchez de manera flagrante y pública, mereciendo un reproche penal inmediato por parte del Poder Judicial a través del Tribunal Supremo.
La querella argumenta que los actos de cohecho incluyen negociaciones prohibidas a autoridades como un presidente en funciones, con abuso de sus facultades. Además, afirma que este cohecho colabora con el terrorismo, encubre a delincuentes y pretende usurpar funciones judiciales.
En línea con estas acusaciones, VOX busca que el Tribunal Supremo tome medidas para evitar la ejecución completa de los delitos objeto de la querella, solicitando la suspensión del acto de investidura. La querella subraya que no se deben permitir espacios de impunidad, incluso si se respaldan con una exigua mayoría parlamentaria, ya que esto no puede legalizar lo ilegal ni hacer impune lo delictivo.
El partido también menciona la toma de control del Tribunal Constitucional por parte del PSOE, expresando su preocupación por la composición actual del TC y afirmando que en estos momentos críticos para la democracia, la salvaguarda del sistema legal radica en el Tribunal Supremo.
Por último, VOX recuerda que, en caso de considerarse la existencia de motivos racionales de criminalidad por parte del instructor, la democracia y el Estado de Derecho estarían salvaguardados mediante la convocatoria de un nuevo proceso electoral en España, otorgando voz al pueblo español.
