El Secretario General de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha anunciado en el acto de presentación de la candidata a la alcaldía de la ciudad, Anna Grau, dos propuestas que el partido quiere implementar en Barcelona para volver a dar seguridad a los barrios, pero también en todos los municipios de España.
La primera propuesta que ha desarrollado el eurodiputado del partido liberal, es la reducción de la responsabilidad penal de los 14 a los 12 años. Esta medida afectará a los menores que hayan cometido delitos de tráfico de drogas o delitos contra la libertad sexual. «O ponemos coto a estas medidas o van a seguir ocurriendo», ha explicado Vázquez.
Por otro lado, en cuanto a la segunda propuesta, será prohibir las ayudas económicas para los delincuentes reincidentes. «No recibirán ni un euro de la Admnistración pública». Además, entre las medidas de los liberales, también se incluye la dotación de mayor personal en el equipo de seguridad y patrullaje municipal, mayor dureza contra la okupación y más iluminación en las calles. Estas propuestas coinciden cuando recientemente se ha detenido a varios jóvenes tras haber supuestamente, violado a dos menores, y entre los detenidos se encuentran dos inimputables al tener 13 años.
Para los liberales, la seguridad es un elemento clave para la convivencia democrática y el Estado del Bienestar. No sólo porque cualquier ciudadano tiene derecho a caminar por sus calles tranquilamente, sino porque además la lacra de la inseguridad se ceba especialmente en entornos vulnerables, minando la capacidad de prosperidad de la sociedad en conjunto. Durante años, los sucesivos Gobiernos de España han mirado hacia otro lado, sin apostar decididamente por una perspectiva amplia y eficaz en materia de seguridad, como prueba la inacción en los delitos de okupación ilegal. Desde CS están convencidos en que es necesario impulsar políticas de seguridad que castiguen con severidad la delincuencia, especialmente la reincidente y que protejan a aquellos que cumplen.
Como «liberales», entienden que esto debe ir aparejado de una apuesta por la rehabilitación, sin que ello sea perjuicio para aumentar las herramientas legales y materiales para asegurar que aquellos que se aprovechan del Estado del bienestar para romper las reglas de convivencia que lo sustentan, paguen por ello.
