La eurodiputada y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha asegurado hoy que la Generalitat de Cataluña está aplicando “el monolingüisimo catalán en la escuela como la Dictadura impuso el español”.
Durante esta Fiesta de la Hispanidad, Pagazaurtundúa ha reunido en Bruselas a un nutrido grupo de representantes de organizaciones españolas, implantadas en CCAA bilingües donde se está produciendo la exclusión del español en la enseñanza y en otros aspectos de la sociedad. En concreto, se han dado cita en el Parlamento Europeo representantes de Impulso Ciudadano, Docentes Libres, Asamblea por una escuela bilingüe, Plis, educación, Societat Civil Balear, Docentes por la Libertad Lingüística, Idiomas y Educación, Sociedad Civil Valenciana, y así como la Asociación Pompaelo para hablar de País Vasco y Navarra.
La jornada ha sido por tanto de reivindicación de la lucha por el bilingüismo y también de celebración del Día de la Hispanidad en las instituciones europeas, con una gran concentración a las 12 horas en la explanada del Parlamento Europeo en Bruselas abierta especialmente a la comunidad española en las instituciones comunitarias.
Durante la sesión de debate, Pagaza ha destacado que se va extendiendo la discriminación de la lengua materna, como lengua vehicular, cuando esta es el español. “No tiene sentido pedagógicamente. No se puede imponer la inmersión y hay muchos modelos para fomentar el multilingüismo, si nos importan los menores”, ha planteado.
“Desaprovechan la oportunidad de fomentar el plurilingüismo en nuestras sociedades. Utilizan a los niños y si queremos sociedades abiertas, libres, donde tengan todas las oportunidades, no podemos permitirlo”, ha añadido.
“Intentar perseguir a los niños en los patios de recreo para que no hablen en español, multar por rotular comercios en español y no dejar que estudien en su lengua materna supone una crueldad social que se vivió, lamentablemente, en época franquista. Son comportamientos contra el pluralismo que tenemos que denunciar en la UE del siglo XXI”, manifestó Pagaza.
Según ha explicado la vicepresidenta de LIBE, la Ley, los derechos las sentencias que reconocen los derechos, están para cumplirse. “Y no hacerlo es atacar el fundamento del Estado de derecho democrático. Para el nacionalismo, la lengua es un tabú que ha llegado a la máxima irracionalidad después de décadas en Cataluña y que corre el riesgo de repetirse en muchos rincones de nuestro país”.
Ha recordado que los miembros de la Generalitat no solo hacen declaraciones contra el Estado de Derecho, sino que esta Administración se declara en rebeldía y legisla y realiza actos oficiales que tienen como fin el desacato de sentencias que buscan proteger derechos fundamentales.
“El Tribunal Supremo ha confirmado que la condición de vehicular del español está blindada por la Constitución. Hablamos de miles de familias cuyos hijos tienen derecho a estudiar en castellano por lo que la no ejecución de la sentencia del TSJC sería como incumplir centenares de miles de sentencias en materia de derechos fundamentales y obligarles, además, a acudir, uno a uno ante la Justicia para hacer valer sus derechos”.
Además, Pagaza ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez no hace uso de los medios de que dispone para abordar este conflicto, y deja en una “indefensión manifiesta a las familias y niños que ven atacados sus derechos a hablar y educarse en su lengua materna, que además es lengua oficial”.
“La Alta Inspección Educativa está atada de pies y manos porque el Ministerio de Educación y la administración del Estado lo quieren así. En Cataluña sólo hay dos altos inspectores para más de 5.500 centros educativos”, ha denunciado la diputada naranja.
Es muy grave, ha dicho, que el Gobierno de Cataluña y otras autoridades públicas no solo hayan instado a desobedecer sentencias, sino que también hayan tejido una red para proteger sus intereses basada en el señalamiento y el acoso a los menores y familias. “Acosan a algunos, para callar a muchos”.
Por todo ello, Pagaza lleva más de dos años trabajando para defender la universalización de la Carta de Derechos Fundamentales, lo que permitiría sortear los problemas actuales para que las instituciones europeas pudieran obligar a corregirse a los países que, como España, toleran abusos y discriminaciones en materia de derechos fundamentales.
La jornada ha contado con la participación de José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano; Carlos Silva, portavoz de la Plataforma de Profesores Docentes Libres; y Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe. Julián Ruiz-Bravo, portavoz de ‘PLIS. Educación, por favor’ (Baleares); Miguel Ángel Robles, portavoz de Docentes por la Libertad Lingüística (Alicante); y Miguel Cornejo, presidente Asociación Pompaelo (Navarra).
La primera mesa ha estado dedicada a la situación en Cataluña. José Domingo ha explicado que el 45% de la población vive en zonas con cooficialidad lingüística y ha repasado la situación en Cataluña desde la constitución de la Autonomía, cuando ya se empezó a introducir la sustitución lingüística en los centros educativos. La situación actual es de vulneración de derechos fundamentales porque no se respeta el 25% establecido. “Tenemos que lograr una defensa jurídica y una repuesta social a este atropello. Es imprescindible una nueva regulación en España con el español como lengua vehicular en la enseñanza. Y necesitamos un frente cívico en toda España que reclame lo básico: el derecho a estudiar en español también”.
Carlos Silva, por su parte, ha denunciado que en Cataluña se pide a los docentes una adhesión a una cruzada lingüística casi religiosa. “El nacionalismo ha vuelto a poner en marcha una nueva causa general para la exclusión del español en todos los ámbitos, especialmente en la educación”, ha expuesto. “¿Por qué este nuevo plan? Porque se consolida una situación en la que la gente habla con normalidad el castellano cuando se relaciona, igual que el catalán. Se trata ahora de evitar el uso del castellano en la convivencia de los centros educativos y el plan lanzado prevé que en el curso 2024-2025 los 3.500 centros de Cataluña lo apliquen”. Ha denunciado un “panorama siniestro” de persecución al castellano en las relaciones personales por una visión totalitaria de la sociedad.
Ana Losada ha explicado por su parte la lucha también en Europa de estas organizaciones para que se cumpla la sentencia del 25%, la defensa del derecho al bilingüismo ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, entre otras iniciativas. “Nos acusan de buscar la confrontación, ya se sabe: el que no sigue una fila ordenada, confronta. Esa es la disidencia que vivimos en Cataluña”, ha explicado. “Esto es un problema para Europa porque un miembro de la UE, el Gobierno de España, no ha hecho nada para que la sentencia se cumpla”, ha expuesto. “Mientras tanto, el Gobierno de la Generalitat ha aumentado la presión sobre alumnos y profesores para que se olviden del castellano como lengua en las escuelas y exige el monolingüismo a todas horas. Ha dado la orden de incumplir la sentencia y de no responder a los padres que pregunten. No busca pedagogía, busca la exclusión del español de cualquier ámbito dentro de la escuela. Europa debe ser la que fuerce a que se cumplan las sentencias en Cataluña y se ponga fin ya a la discriminación”.
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