El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha presentado este jueves en el Parlamento Europeo una investigación que desmonta el ‘CatalanGate’, el informe del centro canadiense CitizenLab sobre el supuesto espionaje ilegal con el programa Pegasus a 65 personas del entorno independentista catalán. El diputado liberal aporta este trabajo a la Comisión Pegasus de la Eurocámara para tratar de que no asuma la propaganda secesionista contra España: “Pegasus no será el caballo de Troya del separatismo en este Parlamento”.
La Comisión Pegasus investiga el uso de programas espías en varios países de la UE, entre ellos España, y ha iniciado este mismo día 9 de marzo el debate de enmiendas al primer borrador de conclusiones. Jordi Cañas va a entregar a cada eurodiputado una copia de la investigación, cuyo autor es el profesor, académico e investigador José Javier Olivas, quien había sido invitado a comparecer en la Eurocámara sobre el ‘CatalanGate’ pero que fue finalmente vetado, a instancias de CitizenLab.
“Tanto el primer borrador de conclusiones de la Comisión como una parte de las enmiendas presentadas asumen CitizenLab. Quienes van a trabajar en el texto final tienen ahora acceso a la información que se ha querido ocultar al Parlamento. Desde Ciudadanos queremos contrarrestar esta propaganda con datos para defender la democracia y el Estado de Derecho en España, el buen nombre de nuestro país”, ha denunciado Jordi Cañas.
La investigación de José Javier Olivas demuestra que el informe ‘CatalanGate’ viola la mayoría de las convenciones de investigación académica y no respeta los protocolos y principios de la investigación forense digital. El trabajo detalla múltiples problemas en el método utilizado y en la muestra de los resultados, y denuncia que se vierten acusaciones muy graves contra el Gobierno español sin pruebas. Además, varios de los participantes en el estudio estaban en ese momento, y todavía lo están, bajo investigación por sus conocidos vínculos con los servicios de inteligencia rusos, la corrupción o Tsunami Democràtic, como es el caso de Elies Campo.
”Parece haber sido diseñado y llevado a cabo con el propósito de convertirse en un instrumento político. Podría ser considerado como un elemento clave en una campaña de desinformación”, afirma el académico, que recomienda a la Universidad de Toronto que inicie una investigación independiente sobre el informe y se retracte de su publicación.
Jordi Cañas ha advertido de la gravedad de que el Parlamento Europeo ceda ante este intento de manipulación y pretenda presentar como teoría lo que en todo caso es una hipótesis. “Eso es peligroso y debe ser denunciado. Camuflar sospechas, conjeturas o especulaciones como certezas, y que estas articulen un informe del Parlamento Europeo censurando a quienes las cuestionan, es un ejercicio de deshonestidad política inaceptable. Las conclusiones de la Comisión pueden ser manipuladas e instrumentalizadas para enterrar la verdad”, ha añadido.
El eurodiputado ha subrayado que CS trabaja para que el independentismo no utilice también Pegasus contra España. “Nos preocupa todo el supuesto uso ilegal de este software, pero no vamos a aceptar que, para llegar a hacer recomendaciones, algunas de las cuales compartimos, se hagan afirmaciones cuyo objetivo es directamente atacar la democracia española. Pegasus no será el caballo de Troya del separatismo en este Parlamento”, ha dicho.
Principales conclusiones
La investigación de José Javier Olivas disecciona el informe “CatalanGate: Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru”, publicado el 18 de abril de 2022 por Citizen Lab en la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas, Universidad de Toronto. El informe revela una serie de “graves cuestiones metodológicas y éticas que socavan gravemente su valor como base probatoria”.
Las principales conclusiones del trabajo son las siguientes:
- La investigación de CatalanGate infringe las directrices y principios básicos de la medicina forense digital prescritos, entre otros, por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) así como el Protocolo de Berkeley de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
- Los hallazgos reportados en este estudio no son replicables y no han sido revisados por pares o validados independientemente.
- Hay una falta muy inusual de transparencia en cuanto a la metodología y las opciones de diseño de la investigación. Los autores se niegan a informar el número de dispositivos investigados o la proporción de positivos en el análisis. No se han notificado grupos de control ni intervalos de confianza en los análisis.
- Los autores se niegan a informar cuándo, dónde y por quién se llevaron a cabo los análisis forenses digitales. No hay evidencia de que Citizen Lab llevara a cabo ningún análisis confirmatorio no presencial para verificar las infecciones. No se hace referencia a ningún procedimiento que garantice la cadena de custodia de las pruebas, como se prevé en cualquier análisis forense digital serio.
- Los datos sobre las infecciones del dispositivo y los intentos de infección se presentan agrupados juntos lo que puede confundir al lector a creer que todas las víctimas en el informe fueron espiadas.
- Ronald Deibert, director de CitizenLab, afirma una fiabilidad del 100% de sus procesos analíticos y se niega a considerar la posibilidad de falsos positivos u otros errores. Esto contrasta con la literatura más convencional sobre análisis forense y ciencias sociales.
- Los participantes y algunos autores trataron evidentemente de maximizar el número de positivos. La renuencia a enviar muestras para su validación externa y la notificación de intentos de infección junto con infecciones exitosas parecen confirmar esto.
- Una variedad de aparentes conflictos de intereses (políticos y económicos), que involucran a los autores del informe y a las personas que colaboran con su trabajo de campo, siguen sin revelarse.
- El trabajo de campo fue coordinado por el señor Elies Campo, un activista independentista, y una presunta víctima del espionaje, sin experiencia de investigación previa. Este autor también hizo afirmaciones falsas sobre su situación laboral y no estuvo afiliado a Citizen Lab durante la mayor parte del período de investigación.
- Solo se analizaron los dispositivos de los políticos y activistas independentistas. Los autores no explican los criterios utilizados en el muestreo. Hay pruebas muy sólidas que sugieren que los casos sometidos a análisis fueron filtrados por los partidos políticos.
- La presentación de los resultados de la investigación de CatalanGate refleja un fuerte sesgo político, sesgo de selección y falta de rigor. La información a menudo se agrupa de manera problemática o se omite para inducir ciertas opiniones no neutrales.
- Según los participantes clave en el estudio, la investigación de CitizenLab en España buscó pruebas para alimentar los casos judiciales contra NSO (la empresa del programa espía) por parte de WhatsApp, Apple y políticos secesionistas catalanes. El anuncio de Apple de una contribución de 10 millones de dólares a los investigadores por su apoyo a la recopilación de pruebas contra la NSO y el nombramiento del director de CitizenLab al comité que decide la asignación de la recompensa, parecen sugerir intereses económicos no revelados.
- Los autores de CitizenLab expresan acusaciones muy graves contra el gobierno español por “espionaje ilegal” basado en lo que el informe afirma ser “evidencia circunstancial”. El informe no proporciona pruebas suficientes para sustentar estas acusaciones.
- Mientras tanto, el informe no considera ninguna de las otras hipótesis alternativas plausibles. Ni siquiera se menciona la posibilidad de vigilancia legalmente autorizada por un juez, falsos positivos o espionaje por parte de los servicios secretos de Rusia, Marruecos o países occidentales.
- Durante la investigación, se alertó a los participantes de que probablemente estaban siendo espiados sin tener en cuenta que esta advertencia podría interferir con las investigaciones en los tribunales. Muchos participantes fueron monitoreados legalmente por los servicios de seguridad españoles cuando fueron contactados y se les explicó cómo evitar la vigilancia. Otros de los vigilados están a la espera de juicio y algunos incluso cumplen penas de prisión.
- Hay muchas contradicciones y preocupaciones éticas sobre cómo comenzó la investigación de campo en España en julio de 2020. Se puso en marcha una campaña de comunicación inusualmente fuerte coordinada por los partidos políticos secesionistas catalanes, junto con una demanda legal, a una semana del primer análisis y antes de la confirmación de cualquier infección.
- El nombre CatalanGate para el informe fue elegido para coincidir con el lema de la campaña de propaganda que los partidos y organizaciones secesionistas catalanes estaban preparando meses antes de la publicación del informe. La mayor organización secesionista registró el dominio “CatalanGate.cat” en enero de 2022, tres meses antes de la publicación del informe el 18 de abril. Por otra parte, una cuenta de Twitter (182.6K-seguidores) actualmente llamada “@catalangate” se ha utilizado desde 2012 para promover diversas campañas de comunicación secesionistas.
- Varios de los participantes en el estudio estaban en ese momento, y actualmente todavía están, bajo investigación por sus conocidos vínculos con los servicios de inteligencia rusos, la corrupción y/o la creación del Tsunami Democràtic, plataforma que tenía como objetivo esquivar a las fuerzas de seguridad españolas y se utilizó para coordinar violentos disturbios y bloqueos de carreteras, estaciones de tren y aeropuertos. La consideración como “víctimas” de varios líderes políticos y activistas que fueron investigados con autorizaciones judiciales por delitos graves (algunos de ellos condenados) parece arriesgada para un informe académico.
- Sorprendentemente, los bien documentados vínculos con Rusia y los intentos rusos de desestabilizar a España y la UE apoyando a los secesionistas catalanes se omiten por completoen el informe. La investigación de CatalanGate se relanzó precisamente en un momento en que el apoyo al secesionismo catalán había disminuido a su número más bajo desde 2014, y cuando las conexiones con Rusia se volvieron muy problemáticas con la opinión pública debido a la invasión de Ucrania.
- Los comunicados de prensa de CitizenLab, las redes sociales y las declaraciones formales sobre el informe de CatalanGate contienen muchas contradicciones y declaraciones falsas.
- Dada la abundancia de problemas detectados, más de un centenar de investigadores de diversas universidades y disciplinas han solicitado a la Universidad de Toronto que abra una investigación independiente sobre la investigación realizada por Citizen Lab durante la investigación CatalanGate (en dos cartas diferentes). Hasta ahora, la Universidad de Toronto se ha negado a revisar el caso y ha ignorado muchas de las preguntas y solicitudes de varios académicos y periodistas.
- En lugar de modificar o retractarse de su informe, miembros de CitizenLab, ayudados por algunos colaboradores externos, han emprendido una campaña de difamación contra el autor de este informe y otros investigadores que han expresado críticas públicas sobre CatalanGate
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