Podemos ha emprendido los trámites para implementar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el objetivo de reorganizar sus estructuras internas. Este proceso afectará a aproximadamente la mitad de su plantilla, unos 45 empleados, y conllevará el cierre de hasta nueve delegaciones autonómicas en todo el país.
La medida ha sido comunicada a los trabajadores a través de una carta emitida por el partido y tiene como justificación la pérdida de ingresos derivada de resultados electorales desfavorables. Específicamente, los malos resultados en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, así como la menor representatividad tras la integración en la coalición Sumar para las elecciones generales del 23 de julio, han impactado considerablemente las finanzas del partido.
Según la carta, estos dos golpes electorales han resultado en una pérdida estimada del 70% de los ingresos a nivel nacional y un impactante 90% a nivel autonómico. Como respuesta, Podemos se ve compelido a realizar ajustes para adaptarse a la nueva realidad electoral y financiera.
Afectará a nueve delegaciones
El ERE planteado por Podemos implica una reestructuración profunda en diversas áreas del partido. Además de la reducción de personal, se contempla la extinción de contratos y el cierre de nueve delegaciones autonómicas en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. Paralelamente, la plantilla de la sede central en Madrid, donde actualmente laboran 61 personas, también se verá reducida como parte de este proceso.
Lilith Vestrynge, actual secretaria de Organización de Podemos y diputada electa por la provincia de Barcelona, liderará las negociaciones relacionadas con el ERE. El partido ha manifestado su compromiso de encontrar soluciones que permitan revitalizar la organización tanto a nivel autonómico como estatal, con la convicción de que la adaptación a los cambios es esencial para seguir avanzando.
