<span style='color:#9D6105';Entrevista | Eva Poptcheva: “Según ellos solo la derecha está en contra de la amnistía. ¿Ellos eran de derechas en julio cuando decían que era inconstitucional?”

Eva Poptcheva (Bulgaria, 1979), eurodiputada española por Ciudadanos, es doctora en Derecho Constitucional. Abordamos con ella temas de actualidad como la publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios de los Fondos Europeos, la creación de la Amla, la ley de amnistía presentada por el PSOE en el Congreso y el Estado de Derecho en España.

Eva Poptcheva (Bulgaria, 1979), eurodiputada española por Ciudadanos, es doctora en Derecho Constitucional. Abordamos con ella temas de actualidad como la publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios de los Fondos Europeos, la creación de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Amla), la ley de amnistía presentada por el PSOE en el Congreso y el Estado de Derecho en España.

P. Parece que el Gobierno por fin ha publicado la lista de los 100 mayores beneficiarios de los Fondos Europeos. ¿Por qué han tardado tanto?

R. A mí me gustaría saber también por qué han tardado tanto en publicarla, sobre todo porque cuando yo estaba en Madrid en febrero de este año en una misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, desde el Gobierno se nos dijo y se nos aseguró que esta lista es algo automático que sale automáticamente de la base de datos CoFFEE, que es la base de datos donde está toda la información relacionada con la ejecución de los Fondos de Recuperación Next Generation. Por lo tanto no es de recibo que el Gobierno haya tardado tanto en publicar esta lista. La obligación de publicarla entró en vigor en abril y nosotros nos habíamos quedado en los últimos 4 países sin publicar la lista. Cuando la Comisión Europea a estos países les había dado como fecha límite el 15 de octubre, una fecha que incumplimos.

Si te fijas un poco en los últimos eventos, el Gobierno parece que estaba esperando a que pasara la investidura para publicarla, consciente de que va a generar mucha crítica, y parte de esta crítica que hacemos es que gran parte de estos fondos no ha llegado a la economía real. Los fondos se han empleado en gran parte en subsidios para empresas públicas y no ha llegado a muchas empresas privadas. Y otra cosa que es muy problemática es que el Gobierno no da ninguna información sobre la ejecución de los fondos por parte de las Comunidades Autónomas, como si las CCAA no fueran España. Se trata aquí, según el Gobierno, de unos 25.000 millones de euros, una cantidad muy elevada, que al parecer deben ejecutar y que no se facilitar ninguna información de los beneficiarios finales en la ejecución de los fondos por parte de las CCAA. Y con esto, vamos a tener un problema con la Comisión Europea.

P. Estamos escuchando hablar sobre la Amla (Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo), su nombre ya lo dice, pero ¿qué hace y de qué se encarga este organismo?

R. Es una agencia que estamos creando, actualmente no existe, de hecho aún solo tenemos supervisores a nivel nacional, en España por ejemplo tenemos al Sepblac, y se encargan de supervisar entidades financieras y no financieras para que estas no sean instrumentalizadas para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo. Y aquí en la Unión Europea hemos tenido escándalos bastantes graves con el blanqueo de capitales, y lo que es importante es que tengamos una coordinación a nivel de la Unión Europea, porque el dinero sucio, una vez entre en el mercado único de la UE, ya se mueve de forma muy rápida, entonces los criminales usan los estándares más bajos en la cadena, por ejemplo en aquellos estados miembros donde la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo no cumple con altos estándares, por ahí entra el dinero. Por eso estamos creando esta agencia que, por una parte, va a supervisar de forma directa a unas 40 entidades financieras, para que nos entendamos, hablamos de los bancos más grandes de la UE, que son entidades con más riesgo de ser instrumentalizados y por otra parte, va a supervisar a los supervisores nacionales y de esta forma coordinarlos.

P. En temas de la ley de amnistía presentada por el PSOE en el Congreso, Ciudadanos está desempeñando en el Parlamento Europeo una gran labor, ¿qué es lo dice Europa?

R. Ahora estamos en una fase en la que la Comisión Europea, como los guardianes del cumplimiento de los tratados de la UE, está analizando tanto la proposición de ley de amnistía como las enmiendas que se presenten y que se adopten como también el acuerdo de investidura suscrito por parte del PSOE y de Junts. Entonces, es un procedimiento normal, ya que los estados miembros no pueden contravenir al derecho de la Unión Europea y a los tratados, sobre todo el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que fija los principios básicos y los valores de la UE, uno de los cuales se fundamente el Estado de Derecho, la separación de poderes. Y por otro lado, está analizando otras partes de esta ley que podrían ir en contra de las directivas europeas sobre los delitos europeos, porque en general, los estados miembros son libres y tienen libre competencia sobre su derecho penal, pero tenemos unas directivas de lo que llamamos “delitos europeos”, que entendemos que tiene una gran relevancia sobre la UE, como el terrorismo, la malversación, entonces en tanto en cuanto la ley de amnistía se está refiriendo a ese tipo de delitos.

Entonces, ahora estamos en esta fase de análisis y por otra parte, vamos a esperar las decisiones prejudiciales que llegarán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el TSJEU se tendrá que pronunciar sobre si esta ley de amnistía es compatible con el derecho de la Unión Europea.

P. Esta ley ya tiene fecha para debate, el próximo 12 de diciembre, coincidiendo con que hoy es el Día de la Constitución, ¿qué análisis haría sobre la amnistía?

R. La amnistía es decir, básicamente, a nuestra sociedad que nuestro ordenamiento jurídico ha fracasado. Estamos en un Estado de Derecho y tendríamos que tener todos los instrumentos a nuestro alcance para resolver todo tipo de conflictos y de situaciones como la que se produjo en 2017 en Cataluña, para ello tenemos un Código Penal, tendríamos que dejar a los jueces hacer su trabajo, para ello tenemos una Constitución que dice que se pueden aplicar indultos individuales pero nunca generales y la amnistía no está prevista, por lo tanto, para mí la amnistía, jurídicamente es muy problemática. Pero sobre todo también filosófica y moralmente es decir a nuestra sociedad que nuestro ordenamiento jurídico ha fracasado. Lo que me preocupa en términos jurídicos es que se está, desde los partidos del Gobierno, provocando una gran crisis institucional. Se está atacando periódicamente al Poder Judicial, hablando del lawfare, diciendo que la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 ha judicializado y provocado una crisis política cuando la Justicia es la encargada de resolver este tipo de situaciones. Es un ataque a la separación de poderes y todo esto es muy preocupante. Se está intentando desde la ley de amnistía de cambiar la Constitución por la puerta de atrás, y todo esto que miembros del Gobierno decían hace 3 meses de que la amnistía es inconstitucional –yo creo que ni ellos creen sea constitucional–, y es un desafío muy claro a nuestro sistema constitucional. Saben que no tienen las mayorías necesarias para cambiar la Constitución usando los procedimiento establecidos. Es un desafío también al resto de poderes, como por ejemplo poner al Constitucional en una encrucijada. La ley de amnistía no solo significa olvidar el pasado, sino también olvidar el futuro, yo por eso digo que no hace falta que Sánchez y los separatistas acuerden un nuevo referéndum de independencia para Cataluña porque van a poder van a poder hacerlo totalmente impunes. ¿Qué fiscal o qué juez se van a atrever a perseguir un nuevo referéndum cuando le acabamos de decir que el previo está amnistiado? Desde luego, este es uno de los cálculos que están haciendo. Es muy preocupante.

P. Y qué le parece que el Gobierno tenga distintos verificadores según con quién se siente; si es con ERC o con Junts y Puigdemont.

R. En general, me parece una humillación del Gobierno, de nuestro Gobierno y por lo tanto de nuestro país y nuestras instituciones, que tenga que haber un verificador y que se decidan cosas que nos afectan a todos al margen de las instituciones. Niego la mayor de que se celebren estas reuniones en otros países, fuera de España y con verificadores de otros países, es que nos estamos volviendo locos si aceptamos este tipo de cosas. Todo esto se tendría que hablar con total transparencia, que los medios de comunicación podáis informar a la sociedad para que el pueblo también pueda fiscalizar ese tipo de negociaciones y se tiene que hacer en nuestras instituciones, por ejemplo en el Parlament de Catalunya, algo que en la anterior legislatura hicieron con la mesa de diálogo –que es una aberración de la democracia–, o en el Congreso de los Diputados.

P. En el debate que se llevó a cabo hace unas semanas en el Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho en España, escuchamos a algunos socialistas decir como argumento glorioso que la derecha no había sabido perder las elecciones.

R. De hecho, desde los escaños, les dije a estos compañeros, porque no dejan de ser compañeros con los que trabajamos mucho, “y qué hay de nosotros”, porque claro, su gran argumento era que había que parar a la derecha, y lo que les dije es que nosotros [Ciudadanos], no somos la derecha, un partido como el nuestro, moderado, de centro y liberal, y cuál era el argumento sobre nosotros. Porque cuando nosotros argumentamos sobre la Constitución, la convivencia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, cómo argumentan en contra de nosotros. Ahí es donde se les cae el relato, porque no somos la derecha, no somos conservadores, no somos todo aquello que querían frenar. Y esto no va de derecha o izquierda, tienen en sus filas a muchísimas personas que no están de acuerdo con la amnistía y que lo ven como una aberración del ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, este sectarismo que están practicando es simplemente para no entrar en el fondo de la cuestión, entonces, ¿ellos eran derecha cuando en julio decían que la amnistía era inconstitucional y se han vuelto progresistas y de izquierda después de las elecciones? Porque según ellos, solo la derecha está en contra de la amnistía. Todo esto es simplemente vender humo. Yo creo que a muchos de ellos les avergüenza lo que está pasando, pero desgraciadamente, pocos están alzando la voz.

“¿Qué juez o fiscal se va a atrever a perseguir el próximo referéndum ilegal?”

Eva Poptcheva

P. Desde Ciudadanos acusáis a Puigdemont de estar persiguiendo a funcionarios europeos, y así se lo habéis hecho saber por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, ¿qué está ocurriendo exactamente?

R. Es una cosa tradicional y bastante normal en los separatistas, ellos siempre van de acusados, pero son acusadores profesionales. Esto lo vienen haciendo en Cataluña desde hace muchos años. Y esas mismas técnicas de crear miedo las usan también en el Parlamento Europeo, cuando obviamente los funcionarios de la cámara y de la Comisión Europea son titulares de su libertad de expresión y de su derecho de asociación. A unos autoritarios como Puigdemont y Comín no les entra en la cabeza que las personas puedan tener libertad de expresión y acudir a manifestaciones. Y otra cuestión, yo creo que hay personas que olvidan entre la legalidad y la ilegalidad no cabe la equidistancia, tampoco vamos a pedir equidistancia entre los funcionarios europeos cuando se trata de cometer una gran ilegalidad [la amnistía]. Y por eso hemos salido en su defensa, en una carta de Puigdemont y Comín atacaban de forma expresa a funcionarios afiliados de Ciudadanos y por supuesto hemos salido en defensa de estos funcionarios que se han visto afectados. No podíamos esperar, por desgracia, a que el Gobierno saliera en su defensa, porque lo normal en una situación como esta, sería una carta del Gobierno de España a la presidenta del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea defendiendo de estos ataques a los funcionarios españoles.

P. Hace unos días la Comisión Europea dio el visto bueno al plan presupuestario profesional de España para 2024 y usted dice que este plan se basa en premisas que no van a ser cumplidas, ¿por qué?

R. Se trata, en primer lugar, de una evaluación de unos presupuestos provisionales del Gobierno antes de la investidura, y en ella, vimos como Pedro Sánchez prometía nuevas medidas de gasto, como por ejemplo el transporte público gratuito para todos los jóvenes y las personas en desempleo, una medida que poca gente podría estar no de acuerdo. La Comisión Europea no ha tenido en cuenta las nuevas promesas que suponen un gasto muy grande para las arcas públicas. La misma Comisión nos dice que hay desviaciones importantes en las previsiones del Gobierno en cuanto al crecimiento del 2,3% del PIB, mientras que la Comisión, la AIReF y el Banco de España, cuentan con un crecimiento del 1,7% del PIB. El 0,3% puede parecer poco, pero es muchísimo, porque cuando hablamos de un déficit estructural del 4%, que en principio ahora podría bajar al 3,2%, un 0,3% de diferencia es muy importante.

Lo que vamos a ver es que España va a volver a incumplir las medidas fiscales de la Unión Europea, todavía estamos por encima del objetivo de la cifra de déficit estructural, estaremos muy por encima del objetivo de la deuda pública, que es no más del 60% del PIB –nosotros estaremos otra vez en más del 100%–. Es una situación complicada, porque significa que no tenemos realmente espacio fiscal para acometer aquellas inversiones que nos hacen falta, por eso, volviendo un poco a la primera pregunta, es importante explotar bien los fondos de recuperación y tenemos una oportunidad histórica para transformar bien nuestro tejido productivo, actualmente tenemos un problema enorme con la productividad en España. Y no solo se trata, como vemos en la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos de solo gastarse el dinero en la infraestructura, debemos invertir en innovación y en digitalización, en ayudar en definitiva a nuestra industria a acometer estos retos.

Y me gustaría terminar comentando que la próxima semana, el presidente del Gobierno de España vendrá al Parlamento Europeo justo un día después del debate sobre la ley de amnistía en el Congreso. Como no vino en julio al Europarlamento para presentar las prioridades de la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea, pues va a venir ahora, en diciembre, cuando ya está finalizando esta presidencia. Creo que el debate será muy duro porque muchos compañeros están preocupados por lo que está ocurriendo en España con la ley de amnistía, con los acuerdos con los separatistas y con los ataques al Estado de Derecho.

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