Pagaza (CS) denuncia que el Gobierno ha relegado la lucha contra los delitos de odio como prioridad, y podría quedar aplazada a 2025

La diputada será ponente del informe parlamentario que pide la inclusión de los delitos de odio en la lista de “eurodelitos”, bloqueado por Hungría y Polonia

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La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza | CIUDADANOS
La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza | CIUDADANOS

La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtundua, denunció hoy que la Presidencia española y el Gobierno de España, ahora en funciones, no han incluido en su lista de prioridades la lucha contra los delitos de odio en la Unión Europea, lo que podría dejar en suspenso el dosier hasta 2025, pasadas las presidencias húngara y polaca. 

Pagaza será ponente del informe del Parlamento Europeo que reclama retomar la negociación sobre los delitos de odio para incluirlos en la lista de “eurodelitos”, sobre los que hay una armonización a nivel europeo. Esta iniciativa está bloqueada en el Consejo desde hace casi dos años, debido a que países como Hungría y Polonia bloquean la adopción.  

La Presidencia francesa en 2022 incluyó este dosier entre sus prioridades y, aunque fue muy activa, no logró el consenso buscado. La Presidencia checa y la Presidencia sueca no lo hicieron y no se produjo avance alguno. “Todos esperábamos que España retomara este dosier porque había manifestado su interés en la lucha contra este tipo de delitos, pero mucho hablar en los medios y poco hacer. Finalmente, por razones que se desconocen, también ha decidido dejarlo aparcado. Una pena porque después sólo queda Bélgica, antes de las presidencias de Hungría y Polonia, dos países que, seguro, no serán los más abiertos para avanzar en esta materia”, indicó Pagaza.  

“Es una pena porque la incitación al odio y los delitos motivados por el odio son delitos especialmente graves y afectan no sólo a las víctimas individuales y a sus comunidades, causándoles sufrimiento y limitando sus derechos y libertades fundamentales, sino también a la sociedad en su conjunto, socavando los cimientos de la UE”, añadió.  

Pagaza, que presentó hoy su informe provisional ante la comisión de Libertades Civiles, recalcó que no toda incitación al odio constituye un delito, pero contribuye a normalizar las manifestaciones de odio e intolerancia.

 “Hay otros instrumentos a nivel administrativo, educativo y social que podemos utilizar para combatir las manifestaciones de odio que no constituyen un ilícito penal. Necesitamos un ecosistema público menos demagógico. Menos tóxico a todos los niveles. Actualmente cada Estado miembro utiliza su propia fórmula para definir lo que es incitación al odio y delito de odio, y también sus propias penas. Es esencial que la Unión cuente con unas normas mínimas comunes en todos los Estados miembros”, reclamó la eurodiputada, que apuesta en concreto por definiciones comunes “que establezcan con claridad lo que debe ser perseguido penalmente y lo que debe combatirse por la vía administrativa o social”. 

Lo cierto es que el actual marco de la UE sólo cubre la incitación al odio y los delitos motivados por el odio basados en la raza, el color de la piel, la religión y el origen nacional o étnico, por lo que existe “una clara necesidad de abordar eficazmente la incitación al odio y los delitos motivados por el odio basados en el sexo, la orientación sexual, la edad y la discapacidad, entre otros”. 

Uno de los principios profundos de las sociedades democráticas, plantea Pagazaurtundua, es que los seres humanos son iguales en dignidad.  “La incitación al odio y los delitos de odio por alguna motivación social son delitos especialmente graves, porque se producen sobre un fondo de intolerancia, estigmatización, discriminación u hostilidad hacia personas. Y se produce desde atacantes con una mirada distorsionada hacia una o varias características que en la mente del atacante o atacantes deshumanizan o menosprecian a la persona atacada y a todas las que podrían atacar si tuvieran oportunidad”. 

Las dinámicas sociales de intolerancia, estigmatización y prejuicio y discriminación van en aumento y su “normalización” requiere la atención de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. Cualquier vieja o nueva motivación para el odio debe combatirse a nivel social, administrativo o penal, si es necesario. “Si España no toma el timón de esta lucha contra los delitos de odio, vistos desde un enfoque universal, es una oportunidad perdida para la UE durante mucho tiempo”, denunció Pagaza. 

Este dinamismo requiere una protección que no excluya las nuevas motivaciones sociales de odio, ya que es la dignidad de las víctimas la que debe protegerse como derecho humano universal. “El enfoque debe ser abierto en el sentido de proporcionar herramientas para combatir eficazmente la incitación al odio y los delitos de odio motivados por dinámicas sociales nuevas y cambiantes”, consideró la diputada naranja.  

Por eso es importante, explicó, que la protección penal contra el odio sea proporcionada, lo que implica proteger la libertad de expresión al máximo, crear todas las salvaguardas necesarias y sólo limitarla cuando esté plenamente justificado.” Hay que tener en cuenta que no todo discurso de odio constituye un delito, pero contribuye a normalizar las manifestaciones de odio e intolerancia, por lo que no es inocuo. 

“Las víctimas de este tipo de delitos lo son, sea cual sea la motivación social de ese odio. Hay que poner el foco en los menores, víctimas especialmente vulnerables por el impacto que estos ataques tienen en su desarrollo y en su salud mental, un problema que los poderes públicos tienen la obligación de abordar”, agregó Pagaza. 

“Hacen falta muchos discursos normalizando la hostilidad y la estigmatización de la libertad de las personas para que un adolescente en Bratislava llegue al asesinato de dos jóvenes homosexuales a los que no conocía. La banalidad del mal está recogida en los discursos de sus redes, antes de suicidarse”, recalcó. 

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