El Gobierno cede a la Generalitat el control migratorio en Cataluña en un nuevo acuerdo por el chantaje de Junts
El pacto alcanzado entre el PSOE y Junts blinda la delegación de competencias estatales fundamentales en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña. Entre las atribuciones cedidas se incluyen la seguridad en puertos y aeropuertos, la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la ejecución de expulsiones y devoluciones de migrantes.
Así queda reflejado en la proposición de Ley Orgánica de Delegación de Competencias Estatales en Materia de Inmigración a Cataluña, registrada este martes en el Congreso. El texto, compuesto por una extensa exposición de motivos, trece artículos y varias disposiciones adicionales, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Para su aprobación, el texto requiere mayoría absoluta en las Cortes Generales, lo que implica el apoyo de todos los socios de investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, Podemos ya ha manifestado su rechazo, lo que podría poner en riesgo el pacto con Junts.
Los Mossos asumirán funciones de control fronterizo
La iniciativa reconoce a los Mossos d’Esquadra como “policía integral”, facultándolos para asumir competencias hasta ahora exclusivas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esto incluye garantizar la seguridad en puertos y aeropuertos, prevenir e investigar delitos, y emitir informes previos para habilitar puntos de entrada de extranjeros.
Para coordinar estas nuevas responsabilidades, la Junta de Seguridad de Cataluña se convertirá en el órgano clave de cooperación con el Estado. Como parte del acuerdo, se incrementará la plantilla de los Mossos hasta alcanzar los 26.800 efectivos en 2032, sumando 1.800 agentes adicionales.
Expulsiones y devoluciones de inmigrantes
El pacto también transfiere a la Generalitat la facultad de ejecutar devoluciones y expulsiones de inmigrantes en Cataluña, actuando “en colaboración” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según el texto, la Generalitat asumirá directamente las expulsiones que no requieran expediente administrativo y propondrá las restantes, sujetas a los criterios de la Junta de Seguridad.
Gestión integral de los CIE
El texto otorga a la Generalitat el control total sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), encargándose de su dirección, inspección y gestión de personal. Se le asigna, además, la organización de servicios sanitarios, jurídicos y sociales dentro de los centros y la supervisión de los traslados internos de los internos.
Permisos de residencia y NIE
En cuanto a la documentación, la Generalitat podrá expedir el Número de Identidad de Extranjero (NIE) para quienes residan, estudien o trabajen en Cataluña. También gestionará las autorizaciones de estancia de larga duración, permisos de residencia temporal y prórrogas.
Contrataciones en origen y control de la inmigración laboral
Otra cesión clave es la capacidad de planificar la contratación de trabajadores extranjeros en origen. La Generalitat determinará las necesidades laborales del mercado catalán y negociará directamente con organizaciones empresariales y sindicales locales, influyendo en los acuerdos internacionales de contratación de mano de obra con terceros países.
Colaboración con el Estado y transferencia de recursos
El acuerdo prevé una Comisión Bilateral que resolverá discrepancias entre el Estado y la Generalitat. Si no se alcanzara consenso, ambas partes recurrirán a los mecanismos de control constitucional y estatutario.
Asimismo, la delegación de competencias incluirá la transferencia de recursos humanos y presupuestarios, que la Generalitat deberá asumir en un plazo máximo de seis meses.
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