Los elefantes pueden recordar era una novela de Agatha Christie que circulaba en España en una versión tapa blanda de la Editorial Molino allá por la década de 1970. La cubierta con un paquidermo en formato puzle viene ahora a la memoria al copar titulares el Consejo de Estado, bautizado irónicamente por la prensa nacional como el ‘Cementerio de los Elefantes’. El CdE era una de las pocas instituciones españolas que había permanecido ignorada por la voracidad colonizadora de este gobierno. Pues bien, todos los ojos han virado hacia ella al saberse que su presidenta, María Teresa Fernández de la Vega, había dimitido de repente. Pero ¿qué ha sucedido? Esta España mía, esta España vuestra, colegas, es un país donde los cargos públicos sencillamente no dimiten. No hay costumbre, que decía aquel.
Un consejo creado por un rey, hoy en manos de una dinastía bipartidista
Entonces, ¿por qué ha dimitido sorpresivamente la presidenta de una institución cuasi-decorativa, que acoge a ‘elefantes’ recolocados por el bipartidismo y premiados con sueldos superiores al del propio presidente de gobierno? Conviene tener en cuenta que el Consejo de Estado se creó en 1526, cuando Carlos V decidió que su política exterior era tan hiperactiva que necesitaba un grupo de consejeros entendidos en relaciones internacionales. Por aquel entonces no había una Fernández de la Vega, ya que el consejo lo presidía el propio rey, que enchufaba en él a sus nobles y clérigos preferidos. Hoy es el bipartidismo dinástico el que enchufa a los prebostes y acólitos que mejor han servido a la causa de la mafia turnista. En consonancia con esa ranciedad de origen y propósito, el actual Consejo de Estado también emite dictámenes espectrales y poco conocidos por la sociedad. En 2026 la institución cumplirá 500 años aconsejando a monarcas y a sagas políticas. Es el supremo órgano consultivo del gobierno, según asegura la Constitución. En fin. Ya será menos.
No es una dimisión por honor. Es una dimisión dineraria
En la novela de Agatha Christie la solución del enigma llegaba en torno a la página 200. El misterio de la dimisión de Fernández de la Vega se ha resuelto sin demasiado suspense. La primera mujer en presidir el Consejo de Estado ha dimitido no para mostrar su desacuerdo con la deriva despótica del PSOE; no para protestar por ese “peronismo de baja intensidad” que Juan Luis Cebrián detecta en Pedro Sánchez; no para rebelarse contra la parálisis corrupta del Consejo General del Poder Judicial; no para demostrar públicamente su desacuerdo con el control gubernamental de la Fiscalía del Estado; no para reprobar la okupación socialista del Tribunal Constitucional; no para condenar que se haya puesto al CNI a los pies de los caballos nacionalistas; no para deplorar el CIS secuestrado y convertido en agencia de publicidad socialista. Nada de eso. María Teresa Fernández de la Vega habría dimitido para volver a ser consejera permanente del Consejo de Estado, cargo que ―como su propio nombre indica― es vitalicio. Acabáramos. No es una dimisión por honor político. Es una dimisión dineraria.
¿Quiénes son los ‘elefantes’ con sobresueldo y qué es lo que hacen?
En teoría, el Consejo de Estado es una institución colegiada cuyo propósito es dictaminar sobre las consultas que le haga el Gobierno. Prácticamente ninguno de sus dictámenes es vinculante y sus mociones son simples propuestas respecto a los informes que considera pertinentes. El CdE actual lo componen tres unidades: nueve consejeros permanentes, diez consejeros natos y ocho consejeros electivos. De cuando en cuando se dejan caer por el Palacio de los Consejos en sus coches oficiales, un remedo de la tropa de los elefantes de Kipling en cuanto a la edad y a la futilidad del despliegue. Son un popurrí de exministros, expresidentes, exconsejeros autonómicos, exconsejeros de estado, ex profesores numerarios, funcionarios en excedencia, juristas militares, gobernadores y exgobernadores del Banco de España, presidentes de las reales academias, fiscales, almirantes, filósofos, historiadores y políticos recalcitrantes. Los consejeros permanentes cobran al año un sueldo que roza los 120.000 euros, superando ampliamente lo que cobraba hasta ahora la presidenta recién dimitida: unos 87.000 euros anuales.
Así que el misterio está aclarado. No ha dimitido la rutilante presidenta para defender las libertades y los derechos de sus compatriotas españoles. Ha dimitido para asegurarse un sueldo público de por vida, que parece que el PSOE puede perder las generales y, al fin y al cabo, para eso se entra en política en España, para llevárselo crudo.
